El caso de Ecoplata hace empalidecer cualquier discusión acerca de los planes del gobierno nacional respecto de la cerealera Vicentin. Desde 2018, el intendente de General Madariaga, Carlos Santoro, de Juntos por el Cambio, intenta infructuosamente quedarse con la firma que realizaba tareas de recolección y disposición final de residuos.
El caso fue comentado en detalle por INFOCIELO. Actualmente, se espera que la Suprema Corte bonaerense decida si analiza o rechaza un recurso de queja presentado por el Fiscal de Estado para definir si la empresa de capitales privados puede volver a tomar posesión de sus propias instalaciones.
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Se trata de una medida cautelar interpuesta por la Municipalidad para quitarle el manejo del predio a la empresa, aduciendo la falta de tareas para reducir el impacto ambiental. En primera instancia, el juez de Dolores Marcelino Escobar aceptó el amparo mientras analizaba la cuestión de fondo. La empresa apeló la cautelar y la Cámara de Mar del Plata le dio la razón, por un tecnicismo: la intervención del Fiscal del Estado, que, aducía, no estaba legitimado para actuar.
Si la Corte rechaza abordar la segunda apelación, el predio en cuestión volverá a manos de Ecoplata. El Máximo Tribunal de Justicia bonaerense tiene una tradición de no analizar medidas cautelares, por una cuestión de economía procesal.
Si esto ocurre, se le deberá pagar por el usufructuo obtenido mientras operó bajo las órdenes del municipio. Durante la controversia, los municipios de Pinamar y de Villa Gesell dejaron de abonar las tarifas, cuyos montos fueron fijados por medidas cautelares. Tarifas millonarias que Madariaga percibe a costa de los vecinos de Pinamar y de Villa Gesell, que obtuvo sin haber invertido un peso y sin haber llevado a cabo las tareas para evitar el impacto ambiental que cuestionó en la Justicia.
El argumento de la Municipalidad para accionar contra la empresa es una deuda que se comenzó a original en 2016, a partir de que se firmara un nuevo contrato de concesión en el que se encargó a Ecoplata hacer tareas de remediación ambiental. “Pero la empresa no cumplió con las cuestiones económicas y tampoco cumplió con ninguna remediación ambiental que detallaba el convenio firmado”, señala la comuna.
Así lo señaló el OPDS, organismo ambiental de la Provincia, en un informe elaborado a partir de una inspección, a fines de 2019. La Provincia detectó que allí se volcaban residuos “sobre el suelo natural, sin membrana existente”, que la balanza “se encuentre sin funcionar”, entre otras cuestiones que en casi un año de manejar el predio, Madariaga no pudo o no quiso subsanar.
La decisión de la Suprema Corte se espera desde diciembre del año pasado. La semana pasada se conoció un nuevo fallo, de parte de la Camara de Mar del Plata, contra un decreto de expropiación que en 2018 había firmado Santoro y que sus concejales avalaron. Los intendentes no tienen poder para expropiar, y necesitan una ley de la Legislatura para poder hacerlo. Por eso en primera y en segunda instancia, la Justicia le dio la espalda al Jefe Comunal.
Ahora, el empresario dueño de Ecoplata prepara una demanda por daños y perjuicios que promete ser histórica. El escándalo fue mayúsculo pero no hizo demasiado ruido: la Municipalidad llegó a incluir el predio como propio en el registro de la Propiedad. En Madariaga juran que no podría haberlo hecho sin ayuda del Gobierno de María Eugenia Vidal.
No fue lo único que expropió Santoro. También se quedó con dos camiones recolectores que son propiedad de Ecoplata. Son los únicos que hay en Madariaga. Cuando la justicia despierte del letargo que impuso la pandemia COVID 19, al intendente le pueden llegar muy malas noticias.
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