Su investigación preliminar fue clave para la apertura de un proceso judicial que puso en jaque la principal bandera de Cambiemos: la supuesta transparencia. El fiscal federal con competencia electoral, Jorge Di Lello, tiró del ovillo de una denuncia pública y se encontró en la madeja con sospechas serias de una ingeniería electoral pergeñada por el macrismo con “aportantes truchos”, para financiar la presidencial del 2015 y las legislativas 2017.
La causa amenazó ser escandalosa. La primera reacción del macrismo fue politizar la versión, atribuyéndola a una “denuncia kirchnerista”. Pero la fuerza de la prueba que logró reunir Di Lello, obligó al gobierno a recalcular y María Eugenia Vidal terminó por separar a Fernanda Inza, la tesorera del PRO, luego imputada en la causa judicial.
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En julio de 2018, Di Lello firmó una resolución: “finalizada esta etapa preliminar, recibidas las repuestas de los informes requeridos por la fiscalía, el suscripto entiende que corresponde remitir estas actuaciones al Juzgado con competencia Electoral de La Plata”. Las evidencias eran abrumadoras.
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Se constató que un importante caudal de aportantes residía en zonas vulnerables. Eran personas que “se dedicaban a hacer changas”, en su mayoría “beneficiarias de planes sociales, jubiladas o amas de casa” radicados “en asentamientos de emergencia, zona humilde o precaria y lugares de difícil acceso”.
El auto de remisión de la causa es categórico. De las 205 personas que figuraban como aportantes del PRO, 196 recibían ayuda oficial. Di Lello envió oficios a cada uno de los organismos públicos que certifican esa asistencia y mandó a la división Especial de Procedimientos Judiciales de la Gendarmería a hacer trabajo de campo para certificar las condiciones habitacionales de los presuntos aportantes. El informe que recibió fue contundente. Demasiada pobreza para tanto desprendimiento.
Dos años después, el fiscal recibió a INFOCIELO en su despacho. Es julio y Comodoro Py está desolado. La pandemia vació los pasillos del edificio que se transformó en un set de televisión durante el macrismo. Ya no hay móviles satelitales en la puerta y casi que ni gente en su interior. Pero Di Lello está en su despacho pese a que junta años suficientes que lo colocan en zona de riesgo. Después dirá que, si los trabajadores que lo acompañan tienen que ir, entonces él también. “Porque corresponde”.
La misma obsesión que le pone a su trabajo, le dedica a respetar cada regla de prevención para evitar contagios. Lo primero que hace es invitar a INFOCIELO a sentarse en una silla estratégicamente ubicada cerca de la puerta de salida de su oficina. La distancia supera casi el doble del distanciamiento permitido. Entonces sí, dice, “podemos hablar sin barbijo”.
Lo segundo, aclarar lo que parece ser su carta de presentación: “Yo no soy un judicial peronista. Soy un peronista judicial”. Tal vez porque su historia de militante revolucionario se lo impone, pero también porque en sus resoluciones como fiscal muestra posiciones equilibradas alejadas de la grieta. La causa de los aportantes truchos que se inició tras su investigación preliminar es una prueba de ello. Contra la posición de un sector del kirchnerismo que pujó porque la causa quede en el fuero penal, él interpretó que debía ser la Justicia con competencia electoral la que labrara las actuaciones, como reclamaba Cambiemos.
En su forma de relacionarse con su profesión, a la que llegó de grandes después de rascar la olla y trabajar en el barro, el orden de los factores sí altera el producto. No es lo mismo ser un judicial peronista, que un peronista judicial. Alguna vez confesó el sentido que le encuentra a esa definición frente a la revista Crisis: “no vengo a hacer militancia política partidaria, vengo a introducir en la Justicia la visión del peronismo sobre la gente y la sociedad en la organización judicial”. La militancia política la pagó con cárcel, en la peor época de un gobierno genocida.
La causa de los aportantes está cajoneada. Él no lo dice, y ni siquiera asiente. No quiere opinar sobre la tramitación que sigue el Juez Federal con competencia electoral de la Plata, Adolfo Gabino Ziulu, porque –aclara- además de ser fiscal federal con competencia electoral en Capital, es fiscal de Cámara en todo el país. Esa condición puede devolverle las actuaciones para resolver ante una eventual apelación en el expediente. Se muestra riguroso: “no corresponde que opine, porque no podría adelantar mi posición”, explica.
La charla transita por todos lados. Es un apasionado del devenir de la política. Habla y gesticula todo el tiempo, y cada tanto tira definiciones que revelan la forma en que se relaciona con la actualidad: “no me gustan los que se presentan como fundacionales. Eso sólo aplica como resultante de una revolución”, dice. En su lógica nadie que gobierne hoy puede jactarse de tamaña virtud.
Una de las frases apartidarias que adornan el despacho de del fiscal
En el medio de la charla pide disculpas para atender varias llamadas. Pero cuando corta la comunicación recuerda con llamativa exactitud el lugar donde la había dejado. La mayoría de las veces activa manos libres. “No tengo nada que ocultar”, explica, cuando este periodista se ofrece a salir de su oficina. Para cualquier fiscal, acostumbrado a recibir presiones y pedidos de todo tipo, esa práctica podría ser una ruleta rusa.
El año pasado inició otra causa que también involucró a Cambiemos con maniobras sospechosas durante el proceso electoral. Fue menos taquillera que la de los aportantes truchos que tramita en La Plata, pero igual de polémica. Esta vez con fondos públicos. Ocurrió entre las PASO y las generales de la presidencial que terminó ganando Alberto Fernández. La sospecha involucra el pago de “un bono” de $5000 pesos a desocupados. Las hipótesis son dos: captación de votos (compra de sufragios) o de estructura política para encarar las generales. En llano: el presunto pago de fiscales.
El delito que investiga no es el de “clientelismo político” como la jerga define a la entrega de planes sociales a sectores vulnerables para incentivar el apoyo al oficialismo de turno. La sospecha apunta directamente a “pagar” por el voto. En el expediente hay testimoniales de trabajadores públicos del Gobierno de la ciudad, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, que denunciaron que hubo “aprietes”, bajo el argumento de que “de no ganar los comicios, no se garantizaba la continuidad laboral” de los empleados.
Por eso su posición es ir a fondo con relación al sistema de financiación de la política. Eso requiere de una profunda reforma de la Ley Electoral, para que las campañas se financien “sólo con fondos públicos”. Mientras se enjuaga las manos con un pulverizador por enésima vez en la charla, aprovecha para ilustrar su posición con relación al financiamiento de las campañas políticas, haciendo una analogía con las medidas de prevención de contagios de coronavirus, de las que es un obsesivo cultor.
“Yo a mis nietas no las veo hace 4 meses”, dice. Se trata, reafirma, de “un problema de seguridad frente a la pandemia”. Entonces vincula la nueva normalidad con su teoría sobre el financiamiento político: “si querés hacer un rifle sanitario con los aportes, tenés que hacer así: sólo con fondos públicos”.
-¿Cómo sería eso?
-Todo el sistema de aportes, en tanto y en cuanto las campañas son cada vez más caras y ha cambiado la militancia política, siempre van a generar problemas. Entonces hay que sanear la cuestión de fondo: la financiación debería ser exclusivamente con fondos públicos”
-¿Pero cómo se garantiza la distribución equitativa para todas las fuerzas?
-Con un monto ponderado que tenga en cuenta la cantidad de afiliados o los votos de cada fuerza, y que esa misma lógica aplique para la publicidad de las candidaturas de todos los frentes
-Pero eso ya existe con los espacios cedidos durante la campaña.
-Eso es relativo, porque las fuerzas mayoritarias además de utilizar ese espacio, disponen de recursos importantes para dimensionar más su presencia en los medios. La publicidad debería tener un monto aportado por el Estado, y el resto como “carga pública” en función del rol del rol de la prensa dentro del sistema democrático, que garantice la participación de todos los sectores, independientemente de la posición política de los medios
-¿Eso garantizaría la misma cobertura de todos los candidatos?
-Todos los medios manifiestan, directa o implícitamente –en las coberturas de la campaña- sus preferencias políticas. Si el Estado asume el costo de la publicación de las campañas de todos los candidatos, la difusión de las propuestas será más equilibrada y democrática para todos.
– ¿La financiación pública incluye la realización de encuestas?
-También. En el período específico de lanzamiento de la campaña, que las encuestas sean tarifadas con promedio ponderado para todos los movimientos y agrupaciones. El Estado tiene que encargarse de que todos dispongan de esa herramienta, que es importante en el proceso previo a las elecciones. Los partidos pueden pagar parte de ese trabajo, pero el Estado tiene que aportar, también ponderando el peso de la representación de cada fuerza, una parte del costo de las consultas.
– ¿Cuál es su posición sobre el sistema de aportes vigente hoy en el país?
“Es absurdo que los sindicatos no puedan aportar, y los empresarios sí. Es un sistema hipócrita, porque si lo hacen tienen que aportar por izquierda. Un empresario puede aportar hasta $100 mil, y terminan aportando más por izquierda, y los sindicatos no pueden hacerlo en representación de sus trabajadores porque la lógica es que el dinero no es del sindicato, y el de los empresarios sí lo es, pero el trabajador no puede aportar solo en niveles que el sindicato sí podría hacerlo”.
En su despacho cuelgan fotos de referentes políticos, entre ellas la mítica de cruce de manos entre el General Perón y Ricardo Balbín, pero también una de Evita, otra del socialista Alfredo Palacios y una de don Raúl Alfonsín.
Cuadros y libros de Perón, en las paredes y repisas de Di Llello, que también muestran otras figuras
Están todos, porque –explica- pese a su condición de peronista, de la que se jacta durante toda la charla, no deja de ser la oficina de un fiscal con competencia electoral. Es una forma de honrar en su oficina la impronta que le impone a su función. Una línea de conducta que refrenda con una placa ‘firmada’ institucionalmente por el sillón que ostenta: “Fiscalía Nacional Electoral”. Reza: “Esto lo arreglamos entre todos”.
San Martín en la cúspide de la pared de las personalidades
Para Di Lello, la lealtad es la regla. No está asociada a su pertenencia política partidaria. De hecho, fue un ferviente opositor a la re-reelección de Carlos Menem, pese a su relación personal de amistad íntima con Carlos Vladimiro Corach, un símbolo de la argentina menemista, a quien conoció mucho tiempo antes de su ascenso al poder. Para eso también hay una placa, escrita en latín: “Roma traditoribus non premiat”. Roma no paga traidores, la frase con la que se referencia a la antigua Roma, exaltando el honor y la honra del pueblo romano
Encofrado a un metro de su escritorio tiene un morrión de granaderos que le regaló una familia con vinculación militar. Le saca lustre al obsequio, con el que honra su fe sanmartiniana. San Martín también luce en su despacho. Su fotografía está por encima del resto. No parece ser una distribución caprichosa. Hace un par de años escribió un informe sobre el rol de la fuerza en la defensa nacional. El prólogo es una acumulación de frases del libertador de américa. La última describe parte de su propia historia: “Compañeros, juremos no alejar las armas de la mano, hasta ver el país enteramente libre, o morir con ellas como hombres de coraje”.
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