En las próximas horas, después de el presidente Alberto Fernández promulgue, en el Museo del Bicentenario, la ley que garantiza aborto seguro, legal y gratuito, al menos dos mujeres argentinas condenadas a cadena perpetua serán sobreseídas y recuperarán tardíamente la libertad. Su caso, como el de Belén y el de otras 1.532 mujeres, son postales invisibilidades de un sinfín de violencias diversas que tienen un común denominador: la criminalización de la mujer.
La promulgación de la ley tendrá un impacto inmediato en las causas. “Lo que va a suceder es que se va a aplicar el principio de la ley más benigna. Al cambiar o dejar de existir un tipo penal, como está pasando con el aborto, ninguna mujer debería tener un proceso, antecedentes ni estar presa por carátula aborto”, explica a INFOCIELO la abogada Sabrina Cartabia, referente además del movimiento feminista.
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La clandestinidad de la práctica y la falta de centralización de datos oficiales hizo que esa avanzada penal contra las mujeres quedara desdibujada, incluso durante los dos tratamientos legislativos. “No hay ningún caso de una mujer presa por abortar en la Argentina”, aseguró Federico Pinedo, por entonces presidente del Senado, mientras se llevaba adelante el debate del 2018 que concluyó con una votación adversa. Su afirmación, carente de sustento y contrastada por los escasos datos oficiales por ese entonces disponibles, enardeció a muchos de los colectivos que venían trabajando en el territorio.
Ese fue el caso de las abogadas María Lina Carrera, Gloria Orrego Hoyos y Natalia Saralegui Ferrante, autoras del libro Dicen que tuve un bebé: siete historias en las que el sistema judicial encarcela mujeres y a casi nadie le importa; quienes comenzaron a recabar toda la información existente. Dos años después, en colaboración con la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y el Centro de Estudios Legales y Sociales, publicaron el primer reporte exhaustivo sobre la criminalización del aborto y eventos obstétricos en el país.
El libro permite conocer crudas e invisibilizadas historias en primera persona. El reporte, por su parte, da un marco general que evidencia no sólo las cifras ocultas de los procesos judiciales que se iniciaron desde el 2012, sino también toda la aceitada maquinaria de criminalización –que incluso se repite en muchos de los países de la región- que comenzaba, en la mayoría de los casos, en el mismo hospital.
“Nosotras empezamos a trabajar con una premisa clara: demostrar que el argumento de que no había mujeres presas por abortar en la Argentina era falso. Lo empezamos a investigar a partir del caso de Belén, que estuvo 29 meses presa. A partir de una nota periodística conocimos el de Patricia, que está detenida en la Unidad 47 de San Martín. Natalia fue hasta el establecimiento y pudo entrevistarla. A partir de ahí, se reunió con Gloria y conmigo para montar una investigación y empezar a rastrear los casos, con la idea de que esos no eran los únicos”, explica Carrera.
En paralelo al inicio de la investigación de las abogadas, la Defensoría General de la Nación comenzaba otro estudio sobre la criminalización del aborto, que se publicó en el año 2018 y constató que existían al menos 167 causas iniciadas desde el 2012, 46 de las cuales habían culminado en condenas. Sin embargo, el reporte salió a la luz sólo con los datos aportados por la provincia de Buenos Aires, Catamarca, CABA, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Jujuy, Mendoza, Misiones y Río Negro. Las autoridades de La Pampa se negaron a entregar la información, mientras que gran parte de las provincias entregaron una carpeta vacía y sin información.
Gracias al trabajo de investigación publicado por el CELS, se sabe ahora que la cantidad de causas por aborto asciende al menos a 1.532. “Es un trabajo parcial, que se sigue actualizando porque se publicó con los casos relevados hasta el momento correspondientes a 17 jurisdicciones. Lo seguimos completando, seguimos trabajando e investigando”, advierte Carrera. Un dato no menor: contabilizaron no sólo las causas por abortos, sino también los denominados “eventos obstétricos”.
“Nuestra pregunta sobre cómo opera la criminalización del aborto no se restringió a las causas caratuladas con esa figura penal que es lo que el Poder Judicial reconoce como persecución en esos casos, sino a lo que reconstruimos de las lógicas reales de criminalización que avanzan con otras figuras penales y sobre otros hechos vinculados con la gestación, pero que no siempre son abortos propios. En otras palabras, el universo de mujeres criminalizadas por la noción de que el aborto es un delito es más amplio que el conjunto de casos etiquetados judicialmente con la figura penal de aborto”, explica el reporte.
-¿Qué diferencia hay entre un aborto y un “evento obstétrico”?
-Lo que distingue a los eventos obstétricos es que son hechos por definición no voluntarios. Como fue el caso de Belén, que llegó a un hospital y sufrió un aborto espontáneo sin saber siquiera que estaba embarazada. Acá hay un dato interesante y es que no configuran ni por definición un delito, jamás deberían haber sido judicializados bajo ninguna circunstancia. Deberían haber quedado en el sistema de salud, como algo entre un médico y un paciente; incluso en algunos casos había sucedido en los domicilios.
-En el reporte y en el libro se evidencia que esas criminalizaciones tienen casi siempre a mujeres vulneradas entre sus víctimas
-Exacto, ahí es en donde encontramos ciertos denominadores comunes en la criminalización; porque en la mayoría de los casos estamos hablando de mujeres que han sido totalmente vulneradas por el Estado en etapas previas. Mujeres con historia de violencias transversales, doméstica, intrafamiliar e incluso sexual. En el libro, dos de los casos son de mujeres que quedaron embarazadas por violaciones. Son historias en las que el Estado nunca jamás apareció para educar y asistirlas, solamente para criminalizarlas. La vulneración y la criminalización en estos casos llegó al punto de que, por ejemplo, se aceitó la maquinaria judicial para imputarlas, pero nunca se investigó el abuso sexual previo; tampoco nadie se preguntó el rol del compre en esas instancias.
-Ustedes señalan la violación del secreto médico profesional como el origen de la criminalización en la mayoría de los casos relevados
-Muchas de las denuncias se originaron precisamente por la violación al secreto médico profesional, que fue y es un una práctica abalada por el sistema judicial, con prácticas extremas. Hubo casos de extracción de ADN en comisarías, allanamientos sin órdenes, persecución personal sobre la víctima. En muchos casos, el propio Poder Judicial fue el que filtró a los medios intimidades de esas mujeres violando todas las normas y dando lugar a otra etapa de la maquinaria, que es la cobertura de revictimización de los medios. La cobertura mediática de estos hechos es llevada a cabo con una saña que no hemos visto, ni vimos en otro tipo de delitos; en la que además al hombre ni siquiera se lo menciona y se lo presenta como un actor invisible. El Estado ahí no se mete, no mira. A eso se le suma la falta total de educación sexual. Lo que nos interpelaba en el debate del Congreso es que los representantes de las mismas provincias que se niegan a implementar la Educación Sexual Integral hablaban de “prevención” con educación.
-¿Cuán difícil fue poder contar con los testimonios de estas mujeres?
-Muy difícil, porque muchas no quieren hablar. Este tipo de criminalización actúa desde distintos ángulos. En el caso de las mujeres que terminan presas, por ejemplo, no cuentan en el penal el porqué de su situación porque ponen en riesgo sus vidas. Las ‘infanto’ incluso tienen que ser alojadas en pabellones especiales, porque hay además un hostigamiento por parte de sus compañeras por no haber ‘cumplido con el mandato’ femenino. Es un tema muy complejo, que acorrala por todos lados a la mujer criminalizada. Fue muy emocionante la exposición de Ana Correa en el Senado cuando compartió un audio de Belén, en el que ella misma contó todo lo que tuvo que pasar a partir de la criminalización. Lo que queremos que pase es que se escuchen las voces de estas mujeres que recibieron todo el peso del Estado. En el libro no contamos lo que nosotras pensamos sobre esos procesos judiciales, sino que son ellas las que hablan de todo lo que han vivido; su verdad.
-¿Cuántas mujeres están hoy presas o condenadas?
-Los datos se van actualizando todo el tiempo. Hoy al menos hay dos mujeres condenadas a cadena perpetua por un evento obstétrico y al menos otras dos con causas iniciadas. En el libro relatamos el caso de dos mujeres de San Juan y otra condenada a una pena menor en Salta; pero sabemos del caso de María en Corrientes con prisión perpetua. Hay también una mujer detenida que está esperando el juicio en Magdalena. Rosalía Reyes detenida en Zárate ya en instancia de Casación y otra mujer que está en prisión domiciliaria en Moreno. Tenemos casos de mujeres que llegaron al hospital en busca de asistencia médica y terminaron esposadas en la cama. Patricia Solorza, aquella primera mujer que entrevistamos, murió esposada en la cama del hospital. No hay imputación que justifique este tratamiento.
-Con la promulgación del aborto, fueron muchos los que anticiparon que judicializarán las medidas. ¿Cuáles son los desafíos ahora?
-A nosotras nos preocupa la cuestión del secreto profesional médico, porque nos parece que es en donde comienza la criminalización y al día de hoy no se tiene en claro cuándo denunciar y cuándo no. Hay una práctica de denuncia ‘por las dudas’, pro miedo o por cuestiones morales; incluso en situaciones en donde ya es claro que no se debe denunciar porque está contemplado por la ley. Nos vamos a encontrar con nuevas situaciones diversas, pese a que la Corte Suprema ya dio numerosísimos argumentos para que se practique sin dilación con el fallo F.A.L.
Algunas conclusiones del reporte del CELS
El Estado no persigue a todas las mujeres que abortan. Sólo criminaliza a mujeres cis pobres, sin trabajo remunerado; la mayoría con hijos que viven en condiciones habitacionales precarias. Es decir, ya habían vivido la falta de acceso a derechos.
En el proceso penal que se llevó adelante contra ellas, la mayoría no accedió a una defensa particular; sino que fueron representadas por la defensa oficial. Encontramos muchas violaciones de sus garantías al debido proceso.
En algunos de los casos, las medidas violatorias de garantías se producen antes de que se haya designado una defensa. En otros casos, la falta de planteos de nulidades evidentes da cuanta de defensas formales, que sólo convalidan lo actuado por policías y fiscales.
¿Cómo se inician las causas? Lo más frecuente es que desde los equipos de salud violen su deber de confidencialidad y denuncien. También ocurre que el pedido de ayuda de familiares, parejas o la misma gestante sea tomado como una denuncia.
La posibilidad de que un pedido de auxilio sea la ocasión para iniciar la persecución penal es extorsiva: pone a estas personas y a sus allegados en la situación de autoincriminarse a cambio de atención en salud.
Hay allanamientos sin orden judicial, por mera voluntad de policías o fiscales, al hacer elástico el concepto de flagrancia. En los casos analizados, los funcionarios intervienen cuando las mujeres piden ayuda por su salud y no en el supuesto momento flagrante del aborto.
En la criminalización de estos casos opera como referencia moral la idea de “buena madre” y se borran los contextos de estas mujeres. Al sistema penal no le importa si fueron violentadas o abusadas, si tienen hijos a cargo o si tienen centros de salud cercanos.
Causas iniciadas por aborto en el país 2012-2020
- 2012: 211.
- 2013: 220.
- 2014: 211.
- 2015: 171.
- 2016: 170.
- 2017: 171.
- 2018: 173.
- 2019: 123.
- 2020: 78.
Un dato que se desprende de las estadísticas es que la criminalización sufrió una primera baja en el año 2015, en coincidencia con la instalación del tema en la agenda pública por los movimientos feministas. El segundo notorio descenso se dio después del primer debate parlamentario de la legalización del aborto. Sin embargo, hubo algunas provincias que, tras la instalación del tema en la sociedad, incrementaron la criminalización como es el caso de Tucumán.
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