Una nueva polémica se instaló en el Senado de la provincia de Buenos Aires luego de que el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales (CIAFBA) presentara un anteproyecto de ley para declarar de “interés público” el cuidado del suelo y del agua agropecuaria y forestal.
La propuesta, que busca establecer pautas para un manejo sustentable de los recursos naturales, fue expuesta en la Comisión de Asuntos Agrarioshttps://www.infocielo.com/agro/carbap-alerto-por-una-crisis-historica-con-mas-de-un-millon-de-hectareas-inundadas y Pesca de la Cámara Alta el último miércoles, y rápidamente generó rechazo en el ámbito rural bonaerense. Las críticas apuntan a que el texto “avanza sobre la propiedad privada” y “burocratiza la producción”, mientras que sus autores defienden que la erosión y la degradación del suelo ya afectan más del 40% del territorio provincial.
Desde el CIAFBA, los ingenieros agrónomos Lorena Elorriaga, Horacio Repetto y Guillermo Studdert defendieron la iniciativa ante los legisladores, argumentando que “el suelo es un recurso finito, limitado y no renovable” y que su degradación amenaza tanto la producción de alimentos como el equilibrio ambiental.
“El 40% de las hectáreas bonaerenses perdió la mitad de su materia orgánica. No se trata de ideología, sino de cuidar la base de la producción y garantizarla para las generaciones futuras”, expusieron ante la comisión.
El anteproyecto contempla que todos los productores agropecuarios y forestales, públicos o privados, estén obligados a colaborar en el cuidado del suelo y el agua, ajustándose a planes de uso y manejo aprobados por la autoridad de aplicación —el Ministerio de Desarrollo Agrario— y suscriptos por profesionales matriculados.
Según los autores, la iniciativa no busca sancionar sino promover buenas prácticas, pero el texto incluye mecanismos de control, sanciones y beneficios fiscales para quienes cumplan.
Guillermo Studer, ingeniero agrónomo, explicó al sitio NewsDigitales que “De ninguna manera se avanza contra la propiedad privada. Yo creo que ninguno de los que estamos en este proyecto queremos intervenir en eso. No es nuestra intención, ni se nos pasa por nuestra cabeza. De ninguna manera queremos vulnerar la propiedad privada. No quiero usar la palabra regulación para no hacer sonar mal esa cuestión. Pero es poner una pauta común de manejo adecuado en zonas o en situaciones que hay riesgo o susceptibilidad a que el suelo sea degradado. Pero sucede con todo. Uno no puede tirar los efluentes químicos de una industria en la cloaca. Ni la puede tirar en el desagüe pluvial. No puede porque contamina”.
EL CAMPO ENCENDIÓ LAS ALARMAS
El principal foco de conflicto se encendió con el artículo que declara de “interés público” la protección del suelo y el agua, lo que, según las entidades rurales, otorga al Estado potestades sobre recursos de dominio privado.
Desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) manifestaron un rechazo categórico: “Este proyecto impone controles, sanciones y burocracia que nada aportan al cuidado real del recurso. Avanza sobre la propiedad privada y pone en riesgo la autonomía del productor”.
Carbap alertó además que el Estado podría definir unilateralmente qué suelos son “aptos” o no para la producción, y que esa discrecionalidad podría “dejar tierras improductivas” o condicionar el uso de los campos.
Otro punto cuestionado es la obligación de elaborar planes de manejo cada cuatro años, con firma de un ingeniero agrónomo matriculado y aprobación estatal previa, lo que, según los productores, implicaría costos adicionales y dependencia profesional obligatoria.
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En la misma línea, el diputado Luciano Bugallo (Coalición Cívica) señaló que con esta ley “el productor pierde autonomía y queda sometido a burócratas”, al tener que ajustar sus prácticas productivas a los criterios técnicos y administrativos del Estado.
“Una ley así, mal aplicada, puede derivar en intervenciones discrecionales o arbitrarias, como ya pasó con otras regulaciones que terminaron afectando la libertad de producción”, sostuvo.
DISTRITOS, CONSORCIOS Y FONDOS: LOS PUNTOS MÁS POLÉMICOS
El anteproyecto también prevé la creación de “Distritos de Cuidado del Suelo y Agua”, definidos por el Ministerio de Desarrollo Agrario según las características agroambientales de cada región.
Esa disposición podría derivar, según los críticos, en “consorcios forzosos” que obliguen a los productores a integrarse a estructuras colectivas de gestión. “Se le otorgan facultades muy amplias al Estado para decidir, controlar y sancionar. En manos equivocadas, puede transformarse en una herramienta de control político o fiscal”, remarcaron desde el sector agropecuario.
El texto además crea un Fondo Provincial para el Cuidado y Recuperación del Suelo y el Agua, financiado con el 0,08% del presupuesto anual, más multas y donaciones. Para Carbap, esto representa una “nueva carga fiscal indirecta”, y un riesgo de que se abra una “caja” de recursos con escaso control.
Por otro lado, el proyecto prevé beneficios impositivos para quienes cumplan con las normas de manejo y sanciones para quienes no lo hagan, como exclusión de programas, multas o intervenciones administrativas.
Desde el CIAFBA defendieron este esquema argumentando que las normas deben acompañar las políticas de cuidado ambiental, y que los beneficios fiscales buscan incentivar a los productores comprometidos con la sustentabilidad.
“No se trata de castigar, sino de premiar a quienes conservan el recurso y planifican su producción a largo plazo”, sostuvieron.
EL CONTRAPUNTO TÉCNICO Y POLÍTICO
Mientras el colegio profesional insiste en que la propuesta tiene un respaldo científico y técnico, con aportes de universidades, INTA y especialistas, las entidades rurales la consideran una “iniciativa corporativa”.
Los críticos remarcan que los planes solo pueden ser firmados por ingenieros agrónomos matriculados en el CIAFBA, lo que, a su juicio, “convierte a los productores en rehenes de una corporación que cobra honorarios obligatorios”.
Desde el sector académico, el ingeniero Horacio Repetto defendió el proyecto señalando que Buenos Aires es una de las pocas provincias pampeanas sin una ley de suelos, a pesar de que “se pierden miles de toneladas de tierra fértil cada año”.
“El problema es real y no se resuelve sin una política pública integral. Esto no es una intromisión, es una responsabilidad ambiental”, explicó.
En cambio, referentes del mercado inmobiliario rural consideran que el Estado no debería intervenir en algo que los productores ya gestionan con responsabilidad. “Los productores saben que la tierra es su capital. No hace falta burocratizar más un sistema que ya está presionado por los impuestos, el clima y los mercados”, afirmó Madero.
Desde el ámbito técnico-productivo, entidades como CREA y Aapresid tomaron distancia. Si bien reconocen la necesidad de cuidar el suelo, advirtieron que “una mala ley puede tener efectos contrarios”. “No creemos que el Estado deba controlar cómo se usa un recurso privado. La mejor regulación es la que surge entre los propios productores”, sostuvo Fernando de Nevares, presidente de CREA.
Por ahora, el anteproyecto no tiene aún un senador que lo impulse formalmente en comisiones, pero el debate ya se instaló en la Legislatura bonaerense.
El senador Alejandro Cellillo (UCR-Somos Buenos Aires), presidente de la comisión de Asuntos Agrarios y Pesca, y la legisladora Nerina Neumann (UCR-Cambio Federal) coincidieron en que el tema “merece ser discutido”, sobre todo a la luz de las recientes inundaciones que afectaron a distintos municipios del interior provincial.
En ese contexto, el contrapunto entre la mirada técnica del CIAFBA y las advertencias del campo promete seguir escalando.
