La ciudad de Mar del Plata afronta una batalla judicial y política a raíz de una demanda que tiene como protagonistas a varios dirigentes del PRO. Es que el ex intendente Carlos Arroyo y varios ex funcionarios, le reclaman al Municipio que conduce Guillermo Montenegro un pago por vacaciones no gozadas.
El enfrentamiento abrió una nueva herida a la iniciada en 2019, cuando Arroyo y Montenegro se vieron las caras en una interna de la que salió triunfante el ex Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.
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La dura derrota significó el ocaso político para Carlos Arroyo. Fuera de la gestión, decidió iniciar acciones legales contra la comuna a la que le reclama el pago retroactivo de su último periodo de vacaciones. Lo propio hicieron otros cinco integrantes de su antiguo gabinete.
Revés legal para el Municipio y apelación del fallo
El Municipio de General Pueyrredón sufrió un traspié legal luego que el juez en lo Contencioso Administrativo, Marcelo Fernández, fallara a favor de cinco ex funcionarios municipales, que integraron el gobierno de Carlos Arroyo.
En concreto, el magistrado le ordenó al Municipio que abone las vacaciones no gozadas (entre 2018 y 2019) a Patricia Leniz (exsecretaria de Desarrollo Social), Gustavo Gil de Muro (exsubsecretario de Legal y Técnica), Susana Rivero (exsubsecretaria de Educación); Cristian Tait (exdirector de Desarrollo Social) y Jorge Alí (exjefe del Departamento de Abastecimiento de Recursos), según detalla el diario La Capital.
El fallo explicita que el pago deberá hacerse efectivo dentro del plazo de sesenta días y representa un antecedente en la demanda que, a su vez, realiza el propio Carlos Arroyo y que aún no cuenta con una resolución en primera instancia.
Conocida la novedad, el gobierno municipal apeló el fallo que habilita el pago de vacaciones no gozadas e insiste en que “no resulta correcto aplicar análogamente la ley 10430 para los funcionarios sin estabilidad de las municipalidades”
Además, señalan que no hubo interrupción de las vacaciones porque directamente “nunca las solicitaron”, hecho al que califican como un “acto de negligencia” del que no puede responsabilizarse económicamente la propia comuna.
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