En medio de las compras previas a fin de año y con la feria funcionando a pleno, La Salada volvió a quedar bajo la mira de la Policía Federal Argentina (PFA). Desde primeras horas de este miércoles se desplegó un amplio operativo que incluyó allanamientos, confiscación de mercadería y el cierre total del predio, en un procedimiento que reaviva el debate sobre la venta de indumentaria falsificada y sus consecuencias sociales y económicas.
Aunque oficialmente no se brindaron precisiones sobre el origen de la denuncia que motivó el operativo, fuentes vinculadas al sector remarcan que en las últimas semanas creció la presión sobre ferias populares a partir de distintos compromisos asumidos por el Gobierno nacional con los Estados Unidos y con empresas textiles internacionales, especialmente en materia de pirateo de marcas y control del comercio informal. En La Salada, un polo histórico de producción y venta a bajo costo, este tipo de acciones suele generar un fuerte impacto inmediato entre vendedores y compradores.
El procedimiento de este miércoles coincidió con gran afluencia de público, algo frecuente en la previa de las fiestas, cuando miles de personas buscan alternativas de indumentaria a precios accesibles frente a una economía que golpea cada vez más el bolsillo. Con el predio completamente cerrado y la mercadería en proceso de secuestro e identificación, muchos compradores se encontraron con accesos bloqueados y comerciantes levantando sus persianas de manera obligada.
La situación también exhibe la fragilidad laboral del universo que rodea a la megaferia de Ingeniero Budge, donde conviven propietarios de locales, inquilinos y trabajadores informales que dependen del movimiento diario. Sin poder abrir, varios feriantes expresaron desconcierto y preocupación: para muchos, dos semanas sin actividad antes de Navidad puede significar directamente quedarse sin ingresos.
El antecedente más reciente de este tipo de medidas se remonta a mediados de año, cuando los tres predios que conforman La Salada permanecieron clausurados durante tres semanas por una investigación judicial que incluyó la detención del empresario Jorge Castillo. Tras la reapertura, el juez federal Luis Armella dispuso nuevas reglas estrictas respecto de la comercialización de mercadería apócrifa. Fuentes del sector sostienen que el operativo de hoy sería, justamente, parte del refuerzo de ese esquema de controles.
El funcionamiento interno de La Salada también expone un entramado económico significativo: los alquileres mensuales de los puestos pueden superar los $2.700.000 según el tamaño y el galpón, mientras que en las galerías linderas los valores son más bajos pero igualmente elevados para un trabajador promedio. A modo de referencia, un vendedor que alquila un local puede alcanzar en un buen día una ganancia bruta de alrededor de $800.000, aunque debe descontar costos, mercadería y gastos fijos. Paralelamente, otros actores de la cadena, como trapitos o carreros, dependen de ingresos diarios que rara vez superan los $10.000 por servicio.
En este contexto, el operativo no solo abre interrogantes sobre el destino de la mercadería y la continuidad de la investigación, sino también sobre el equilibrio entre los compromisos internacionales, la persecución del comercio ilegal y la situación social de miles de personas que encuentran en la feria su principal, cuando no único, sustento.
