El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro fue condenado por el Supremo Tribunal Federal (STF) en un fallo sin precedentes en la historia democrática del país vecino. La decisión, tomada por mayoría de cuatro votos a uno en la Primera Sala, lo declaró culpable de intentar un golpe de Estado y los desmanes producidos luego de perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.
Este jueves la jueza Cármen Lúcia Antunes votó a favor de la condena en un pronunciamiento que selló el destino del expresidente, inclinando la balanza entre los miembros del máximo Tribunal.
El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro fue entonces condenado a 27 años y tres meses de prisión por haber tratado de dar el mencionado golpe de Estado contra Lula da Silva en 2022, según dictaminó la primera sala del Supremo Tribunal (STF), que ahora debe fijar la pena de cárcel.
Cinco jueces decidieron sentenciar al líder de la ultraderecha de Brasil, acusado de haber liderado una organización criminal armada para aferrarse al poder tras perder las elecciones en 2022 contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Los jueces confirmaron que Bolsonaro fue responsable de “intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho”, “pertenencia a organización criminal armada” y “daños al patrimonio histórico protegido”, entre otros cargos.
Los analistas coincidían en que, más allá de la teoría, lo más probable es que Bolsonaro no llegue a cumplir una condena cercana al medio siglo de cárcel como algunos creian. Factores como su edad (70 años), el estado de salud y la posibilidad de que algunas imputaciones no prosperen en instancias de apelación podrían reducir la pena. Y en definitiva el fallo sentenció a 27 años, por lo que podría estar en esta situación de detención hasta los 97 años.
El exmandatario ya se encuentra bajo arresto domiciliario desde agosto, con tobillera electrónica y restricciones de comunicación.
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Esa condición preventiva podría anticipar lo que ocurra en este caso de sentencia firme: la continuidad de la prisión en su residencia. La ley brasileña habilita esta modalidad cuando existen razones humanitarias, médicas o de seguridad.
De todos modos, el hecho de que los delitos atribuidos sean considerados graves —golpe de Estado y organización criminal, entre ellos— puede jugar en contra de la concesión de un régimen más blando. Todo dependerá del criterio del tribunal al momento de fijar la pena y de los recursos que presente la defensa.
Comparaciones inevitables
Aquí, en Argentina, las comparaciones resultan inevitables. Mientras Bolsonaro enfrenta la posibilidad de décadas de condena por intentar quebrar el orden democrático, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple actualmente una pena mucho más breve en prisión domiciliaria con tobillera electrónica, tras un fallo por delitos de corrupción.
El contraste no solo radica en la magnitud de las acusaciones, sino también en el tratamiento judicial: la Corte Suprema argentina decidió no avanzar en la revisión de la causa, mientras que en Brasil el máximo tribunal tomó la iniciativa de juzgar a un expresidente por un hecho de altísima gravedad institucional.
Aunque las situaciones son absolutamente incomparables en términos jurídicos y políticos, ambas reflejan cómo la prisión domiciliaria, en determinados contextos, se convierte en una alternativa a la cárcel común para líderes de peso en la región.
Impacto político regional
Más allá de lo estrictamente judicial, el fallo contra Bolsonaro tiene un fuerte componente político. Refuerza la idea de que en Brasil nadie está por encima de la ley, pero también profundiza la polarización social: sus seguidores consideran que se trata de un juicio político disfrazado, mientras que sus detractores lo leen como un mensaje ejemplificador.
En el plano internacional, el caso marca un precedente incómodo para otros líderes con perfiles populistas o autoritarios en América Latina. El mensaje es claro: un intento de quebrar la democracia puede derivar en una condena judicial, incluso para quien ocupó la más alta magistratura.
Lo cierto es que Bolsonaro, entre apelaciones y recursos, podría pasar varios años en litigios antes de que haya una sentencia firme. Si la pena final termina siendo reducida y convertida en arresto domiciliario, la imagen de un expresidente cumpliendo condena en su casa con tobillera electrónica será un símbolo potente, aunque menos severo que el que muchos opositores esperan.
