Finalmente se conoció el documento de la reconstrucción realizada el pasado 11 de agosto, con participación de peritos de la querella y la defensa, que fue incorporado a la causa judicial. El informe confirma que el gendarme responsable no disparó de acuerdo al protocolo y detalla que el cartucho de gas lacrimógeno impactó directamente en Pablo Grillo, el fotógrafo de 35 años que resultó gravemente herido en la cabeza durante la represión de una marcha de jubilados en marzo.
La pericia estableció que, si el disparo se hubiera realizado según las formas permitidas, el proyectil nunca habría alcanzado a Grillo de la manera en que lo hizo. Esto confirma que la acción fue ejecutada de manera irregular y generó un riesgo directo para los manifestantes presentes.
El gendarme identificado como Guerreo fue citado a declaración indagatoria para el 17 de septiembre ante la jueza María Servini, quien investiga el caso. Los videos registraron al efectivo disparando en ángulo horizontal, en dirección directa a las personas, un hecho que resulta contrario a las normas de seguridad establecidas para el manejo de este tipo de munición.
Desde el CELS, querellante en la causa, recordaron que la defensa del gendarme y la versión oficial fueron cuestionadas desde los primeros días. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había asegurado que el disparo se realizó “como indican los manuales”, versión que la pericia desmiente, confirmando que el disparo horizontal resulta sumamente peligroso y fuera de protocolo.
Grillo permaneció 55 días en terapia intensiva y solo en mayo pudo dar sus primeros paseos por el hospital, acompañado de su familia. Aunque ha presentado algunos signos de mejoría, su recuperación neurológica sigue siendo lenta y frágil.
La reconstrucción del hecho y la constatación de que el disparo se realizó fuera del protocolo refuerzan la gravedad del ataque y la responsabilidad del gendarme. Para la familia de Grillo y las organizaciones de derechos humanos, esta evidencia es clave en la búsqueda de justicia y en la exigencia de que se investiguen y sancionen las conductas que ponen en riesgo la vida de ciudadanos y trabajadores de prensa durante manifestaciones.
