Este miércoles, durante la movilización pacífica de jubilados frente al Congreso, manifestantes identificaron y expulsaron a un hombre vestido con uniforme militar que no pertenecía a ninguna fuerza oficial. Se trataba de Iván Matías Cheang, conocido por su participación como supuesto “voluntario” en otras protestas y por haber brindado asistencia al influencer libertario Fran Fijap en una marcha anterior.
Cheang fue descubierto por el periodista Mauro Fulco, movilero de C5N, quien lo siguió durante varias cuadras para intentar entrevistarlo. El hombre, vestido con boina y uniforme oscuro, evitó responder cualquier pregunta. “Vas de negro y no de azul”, le reprochó el cronista, en alusión a la frase del presidente Javier Milei que justificaba la represión de la semana pasada señalando que “los buenos son los de azul”.
En esta oportunidad, la presencia de Cheang generó preocupación entre los manifestantes, que reconocieron su rostro por haber sido identificado en protestas anteriores. Aunque no se pudo establecer un vínculo concreto con el Gobierno nacional o con alguna fuerza de seguridad, su aparición en marchas que luego derivaron en episodios de violencia genera sospechas y alarma.
Un antecedente que genera sospechas
No es la primera vez que Cheang se infiltra en una movilización. En octubre del año pasado, fue grabado mientras protegía a Fijap durante una protesta por el financiamiento universitario. En aquella ocasión, aseguró estar “en apoyo a las fuerzas” y reconoció que “da asistencia al personal policial”, pese a no formar parte oficialmente de ninguna institución.
Vestirse como personal de seguridad sin pertenecer a las fuerzas constituye un delito en Argentina, y su reiterada presencia en manifestaciones plantea interrogantes sobre los límites de la legalidad y el posible uso de infiltrados para desvirtuar el carácter pacífico de las protestas sociales.
Gracias al accionar de los presentes, Cheang fue identificado a tiempo y no logró alterar la tranquilidad de la movilización de los jubilados. Sin embargo, su caso vuelve a encender las alertas sobre el uso de civiles disfrazados en operativos de seguridad, una práctica repudiada por organizaciones de derechos humanos y sectores políticos de la oposición.
