El intendente de Azul, Nelson Sombra, presentó un recurso de amparo contra el gobierno de Javier Milei ante la situación de “abandono” de la ruta nacional 3 por la falta de mantenimiento y obras en el distrito.
La demanda del alcalde camporista fue realizada en el Juzgado Federal N° 2 de Azul contra la Dirección de Vialidad Nacional y la empresa concesionaria Corredores Viales SA, a quienes le demanda que “cumplan con las obligaciones de mantenimiento, conservación y seguridad que tienen”.
“Esta clara omisión afecta de manera actual, y tiene la potencialidad de empeorar, la seguridad de circulación, la prestación de los servicios públicos municipales y además el desarrollo del comercio y la industria, conculcando los derechos del Municipio y también de todos los usuarios que protege la Constitución Nacional” plantea el escrito al que tuvo acceso Infocielo.
El estado de la Ruta 3 y el reclamo del intendente de Azul
Según precisa en el escrito, la Ruta Nacional 3 en el tramo que atraviesa el partido de Azul presenta “un deterioro significativo y que en su circulación son muy frecuentes los siniestros viales que han provocado la muerte y lesiones de muchas personas” advierte.
En especial, hace referencia al tramo comprendido entre Azul y Cacharí, “y en particular en sentido de circulación Sur a Norte” donde existen “deformaciones de calzada importantes en la mano descendente, escasa señalización horizontal y banquinas en mal estado y descalzadas” detalla.
“Se verifica una alta siniestralidad que es provocada por ese estado de la calzada y un potencial daño permanente de que se repliquen los accidentes” agrega.
Menciona “la gran cantidad de roturas y pozos en el pavimento” que “impiden una circulación ordenada y uniforme impidiendo el normal tránsito vehicular”
A ello suma “la falta de demarcación de la Ruta, la falta de cartelería y la ausencia de trabajos de mantenimiento de las banquinas y cunetas y la falta de control sobre la circulación y sobre la existencia de animales sueltos”.
Según el alcalde kirchnerista “se encuentra en riesgo permanente la vida y la salud de todos quienes transitan por la ruta. Más allá del riego normal de la circulación la falta de medidas de seguridad, la falta de demarcación, de banquinas en buenas condiciones, agravan los peligros” sostiene.
En especial, advierte que por el sector transitan las ambulancias que se dirigen a zonas rurales y también que trasladan pacientes desde Cacharí a Azul, de Azul a Cacharí, y también de Azul a otros centros de atención.
“El Municipio también sufre consecuencias sobre el servicio de autotransporte público de pasajeros que recientemente ha incorporado hasta la localidad de Cacharí” menciona.
El conjunto de esas obligaciones recaen en la Dirección Nacional de Vialidad conforme a lo establecido en el Decreto Ley 505/58 es un organismo descentralizado, actuante en la órbita de la Secretaria de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía.
Este organismo tiene a su cargo “el estudio, construcción, conservación, mejoramiento y modificación del sistema troncal de caminos nacionales y de sus obras complementarias.
Situación de emergencia y una privatización con muchos interrogantes
El mal estado de la Ruta 3 derivó en diferentes protestas de vecinos autoconvocados que se acrecentaron en los últimos meses.
Para el intendente de Azul, la situación de emergencia que se presenta ha sido reconocida” por el estado nacional y por ello se proyectó la construcción de la autovía, una obra que la gestión de Javier Milei decidió paralizar.
Mientras el gobierno se “desentiende” del mantenimiento, las audiencias públicas realizadas semanas atrás muestran un avance a la privatización de la ruta.
“La Dirección Nacional de Vialidad se encuentra en proceso de licitación para la privatización del tramo sur de la red federal de concesiones que incluye a la Ruta 3 en su recorrido por todo el partido de Azul” menciona la presentación judicial.
La etapa 2 “bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje” presenta para las autoridades municipales “incierta” pues “dependerá de que efectivamente se concrete la licitación, la adjudicación, que se dé inició a la ejecución”.
“Al respecto es muy probable que la licitación no se concrete ya que la inversión inicial que debería asumir el eventual concesionario es muy significativa por lo que la concesión a priori es antieconómica” anticipa el intendente de Azul.
Y plantea que mientras todo ello ocurre “no existe un servicio de mantenimiento, infraestructura y seguridad razonables que permitan una adecuada circulación”.
Incluso de ponerse en marcha el proyecto, el concesionario durante el primer años solo deberá efectuar “obras Iniciales de Puesta en Valor.”
“Esta respuesta no hace más que confirmar el abandono de la problemática en este momento. Pues en definitiva el plan de acción que plantea la demandada es diferir los trabajos -incluso los urgentes- a situaciones futuras e inciertas” considera Nelson Sombra.
Los pedidos urgentes al Estado Nacional a través de una medida cautelar
- La señalización del estado del acceso, incluyendo la colocación de carteles de advertencia sobre el estado de la calzada, limitaciones de velocidad y demás señalética que resulte necesaria para garantizar la seguridad del tránsito.
- Realizar los desvíos, en caso de corresponder técnicamente, para evitar accidentes y/o la rotura de los vehículos que transitan por la vía, implementando las medidas de seguridad vial que resulten necesarias;
- Ejecutar debidamente tareas de bacheo y/o relleno de los pozos existentes en el tramo indicado, priorizando aquellos sectores que representen mayor riesgo para la seguridad vial, debiendo iniciar dichas tareas en el plazo de diez días y acreditar en autos su iniciación, y concluirlas en el de tres meses
