El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó ayer los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) correspondientes al primer semestre del año. De ahí surgió que la pobreza en Argentina alcanza al 31,6% de la población, la cifra más baja desde el 2018 tras caer 6,5 puntos con respecto al segundo semestre de 2024. Las críticas no tardaron en llegar.
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicó, ayer mismo, un informe en el que muestra la “subestimación de la medición de la pobreza” que hace el INDEC por tomar una referencia desactualizada (del año 2004) en lugar de la última ques del 2017. El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA hizo lo propio diciendo que hay “un descenso sobrerrepresentado de la pobreza“.
En un tono menos técnico, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) salió a denunciar que “la estimación oficial del 31,6% de pobreza es ridícula”. Según el gremio que conduce Rodolfo Aguiar, cuestionó al INDEC “no solo por contener un interpretación errónea y maliciosa de los datos, sino además por pretender una tergiversación de la realidad”.
Esa interpretación maliciosa está vinculada a que las autoridades compararon el primer semestre de este año contra el periodo anterior. “De manera deliberada se están omitiendo los 12 puntos de pobreza registrados con posterioridad al 10 de diciembre de 2023. Ese pico de pobreza es responsabilidad de este Gobierno“, afirmó Aguiar.
El sindicato de estatales basó sus críticas en algunos aspectos metodológicos. Al igual que en el CEPA, señalaron que la EPH no contempla el peso real de los servicios, el transporte ni el gasto en alquileres. También aclararon que la medición se hace en 31 centros urbanos, donde viven 29 millones de personas dejando afuera del relevamiento a unos 18 millones de habitantes. Finalmente, explicaron que se consideran los ingresos declarados por hogar en vez de los ingresos reales.
En este escenario, el líder de ATE sostuvo que “en este momento los pobres son más del doble de los considerados por el Gobierno, superan el 62%“. A este porcentaje llegó actualizando el mecanismo de medición y sumando “los que sobreviven a los que malviven, es decir los que tienen ingresos apenas por encima de la línea de pobreza”.
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