Con la decisión judicial de abrir el expediente, la investigación por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entra en una nueva etapa. A partir de ahora, las partes podrán acceder al material reunido y los investigadores concentrarán sus esfuerzos en el análisis de las pruebas recolectadas.
El expediente se inició a raíz de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector del organismo, que mencionan a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo “Lule” Menem como parte de un presunto esquema de corrupción. En ese marco, la Justicia ordenó múltiples operativos, entre ellos uno en un banco donde Spagnuolo tenía una caja de seguridad con 80.000 dólares y 2000 euros no declarados en su última presentación patrimonial.
Por estas horas, el fiscal Franco Picardi avanza en el análisis de más de 600 contratos entre la ANDIS y la droguería Suizo Argentina, perteneciente a la familia Kovalivker. La documentación secuestrada, junto con los registros administrativos y testimonios ya incorporados al expediente, serán claves para definir imputaciones concretas. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Rodríguez, colabora activamente en esa tarea.
Mientras tanto, Spagnuolo sigue sin defensa técnica tras la renuncia de sus abogados, Ignacio Rada Schultze y Juan Araoz de Lamadrid. En un escrito, los letrados comunicaron que dejaban la representación “por motivos personales”. Sin embargo, una fuente cercana al caso lo sintetizó con crudeza: “Sin confianza no se puede trabajar”. Este vacío alimenta las especulaciones sobre si el exfuncionario buscará acogerse a la figura del “imputado colaborador”.
Otro de los elementos que fortaleció la investigación fue la declaración testimonial del consultor en comunicación y dueño de La Derecha Diario, Fernando Cerimedo. Según trascendió, sostuvo que Spagnuolo le relató con detalle la dinámica de un sistema de recaudación ilegal, lo que reforzó la verosimilitud de los audios que originaron el expediente.
En paralelo, se espera una definición sobre el pedido de nulidad presentado por la defensa de Eduardo Kovalivker y sus hijos, quienes sostienen que los audios fueron obtenidos de manera ilegal. La fiscalía deberá expedirse en breve, mientras las pruebas que surgen de allanamientos, registros y testimonios seguirán bajo evaluación. El futuro de la causa dependerá, en buena medida, de cómo se resuelvan estas instancias.