La vieja herramienta que puso en marcha el propio Arslanián y que mantuvo durante todo su paso por la Cartera de Seguridad, se fundaba en la necesidad de recurrir “a remedios extraordinarios que de manera rápida, flexible y eficaz, permitan adoptar las medidas indispensables para el afianzamiento de los derechos garantías fundamentales” de los habitantes.
Pero en los últimos años, en la Legislatura empezó a crecer la resistencia de parte de los diputados y senadores, particularmente de la oposición, quejosos por la extensión en el tiempo de una norma que, precisamente, había venido a saldar una “situación excepcional”.
En medio de esa discusión, la última vez que Daniel Scioli logró prorrogar la misma, tuvo que conceder un reclamo, que se supone reflotará en las próximas sesiones cuando se deba discutir la prórroga: “Si hay que seguir prorrogando esta Emergencia, más vale modifiquemos la Ley orgánica de la Policía”, reclamaron desde la oposición legislativa.
Casi de rigor en y en sólo dos artículos, la norma enviada por Scioli a la Legislatura reclama prorrogar “a partir de su vencimiento y por el término de 1 años, el estado de Emergencia de las Policías de la Provincia de Buenos Aires”, declarada –y en plena vigencia- a partir de la sanción de la Ley 13.704
El Gobierno aplicó un recorte millonario al fondo de emergencia destinado a los damnificados de Bahía Blanca
El Ejecutivo redujo en $100.000 millones la asistencia prevista tras las inundaciones de marzo, dejando a Bahía Blanca con la mitad del fondo original.
“Autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar las reasignaciones presupuestarias correspondientes para la aplicación de la presente Ley”, asegura el segundo –y último- artículo de la iniciativa que ahora deberá sancionarse en la Legislatura.
De aprobarse, será la séptima vez en que esta polémica herramienta entrará en vigencia en la Provincia de Buenos Aires –y la quinta consecutiva- estableciendo la emergencia de “los aspectos organizativos, funcionales, operativos y laborales de las Policías”.
Entre otros, la norma tiene como objetivos y mandatos, “transformar la estructura de las policías, creando, modificando, extinguiendo o suprimiendo total o parcialmente funciones, asignando o reasignando las mismas en los términos que se determinen, a fin de dotarla de la eficiencia debida para atender sus misiones fundamentales” y “ optimizar los recursos humanos, materiales y la prestación de servicios”, entre otros.
En los fundamentos de la norma que redactó el Ejecutivo provincial, se asegura que “desde el inicio de esta gestión, la Seguridad pública ha constituido una de las políticas de Estado” lo que –sostiene el proyecto- “es el eje de la actividad de gobierno”.
Y en ese marco, la Provincia destacó el “franco combate al narcotráfico con niveles históricos en materia de decomiso de drogas ilícitas y otras sustancias estupefacientes, una mayor presencia policial con finalidad preventiva, el incremento de las capacidades logísticas de la Fuerza Policial y el mejoramiento en los procesos de capacitación del personal”, entre otros.
“En este sentido, la norma cuya prórroga se solicita, resulta un instrumento trascendente para la prosecución de las políticas trazadas, toda vez que la misma permite de un modo rápido y flexible, adecuar el funcionamiento de la Institución Policial, conforme las circunstancias lo demanden, contribuyendo con ello a la efectiva tutela de los principios consagrados en el artículo 10 de nuestra Ley Suprema Provincial” concluye.
