Con la mira puesta en frenar los aumentos sorpresivos de combustibles y dotar de mayor previsibilidad al bolsillo de los bonaerenses, el oficialismo provincial presentó un proyecto de ley que busca obligar a las petroleras a informar con 72 horas de anticipación cualquier cambio en los precios de los combustibles líquidos y gaseosos.
La iniciativa apunta a regular un mercado que impacta de lleno en la economía cotidiana, desde los trabajadores que utilizan el auto como herramienta laboral, hasta los comerciantes y transportistas que dependen del precio de la nafta o el gasoil para poder sostener su actividad.
La autora del proyecto, la diputada de Fuerza Patria Ayelén Rasquetti (Frente Renovador), explicó que el objetivo es “poner orden donde hoy hay especulación”. En ese sentido, advirtió que “los aumentos de la noche a la mañana afectan al trabajador, al comerciante, a quien utiliza el auto como herramienta de trabajo para llegar a fin de mes”.
El ajuste de precios, que se realizó durante el fin de semana, ha sido impulsado principalmente por la suba del dólar y el incremento de los impuestos a la nafta y el gasoil. En los últimos 45 días, los combustibles han experimentado aumentos que rondan el 5% y el 6%, según regiones del país.
Vale recordar que, en junio de este año, el gobierno nacional derogó la ley que obligaba a las empresas del sector a informar sobre las actualizaciones de precios de sus productos, en el plan desregulador encabezado por el ministro Federico Sturzenegger.
UN MERCADO SIN REGLAS CLARAS
El texto de la propuesta alcanza a todas las empresas que operen como abastecedoras o expendedoras de combustibles en la provincia de Buenos Aires. El espíritu es claro: garantizar que exista una comunicación previa y obligatoria de cualquier suba de precios, permitiendo un mejor control estatal y brindando previsibilidad a la ciudadanía.
En la provincia funcionan unas 1.880 estaciones de servicio, lo que la convierte en la jurisdicción con mayor cantidad de establecimientos del rubro en todo el país. Le siguen Córdoba y Santa Fe, aunque con números muy por debajo.
“La realidad es que las petroleras dolarizaron el precio de los combustibles y en un año lo triplicaron frente a la inflación. Mientras algunos defienden un mercado sin reglas, nosotros defendemos a los consumidores, que no pueden seguir siendo la variable de ajuste de las petroleras”, afirmó Rasquetti durante la presentación.
PREVISIBILIDAD Y ROL DEL ESTADO
El proyecto forma parte de una agenda que, según la diputada, busca recuperar el rol del Estado como regulador y garante de derechos en un contexto en el que las mayorías se ven cada vez más perjudicadas por la dinámica de los precios y las decisiones del gobierno nacional.
“El combustible no es un lujo. Es una necesidad básica que impacta directamente en los precios de todo lo demás. Por eso proponemos una herramienta concreta para controlar, anticipar y actuar frente a los aumentos injustificados”, subrayó.
La legisladora también recordó que los combustibles líquidos representan el 60% de la producción nacional y no solo abastecen vehículos, sino que también son fuente de energía en pueblos del interior donde no hay servicio eléctrico. “Los bonaerenses no tenemos que ser rehenes de las decisiones de cuatro empresarios petroleros”, sentenció.
