El proyecto de Presupuesto Nacional 2026 que impulsa el Poder Ejecutivo encendió fuertes alarmas en el sistema educativo y científico del país. Desde la provincia de Buenos Aires advirtieron que la iniciativa, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, compromete seriamente el derecho social a la educación y pone en riesgo el funcionamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.
La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense expresó su rechazo al contenido del proyecto al considerar que implica un ajuste profundo en el financiamiento educativo y científico-tecnológico, en abierta contradicción con leyes vigentes que obligan al Estado nacional a garantizar niveles mínimos de inversión. En ese marco, remarcaron que la educación pública no puede quedar sujeta a criterios discrecionales ni a la lógica del recorte presupuestario.
Uno de los puntos más cuestionados es la derogación del artículo 9° de la Ley de Educación Nacional (26.206), que establece el compromiso del Estado de asegurar los recursos necesarios para una educación gratuita, equitativa y de calidad en todo el territorio argentino. Desde la cartera educativa bonaerense señalaron que eliminar ese artículo implica, en los hechos, un renunciamiento explícito a la responsabilidad estatal sobre el sistema educativo.
El proyecto también avanza sobre la Educación Técnico Profesional. La eliminación del artículo 52 de la Ley 26.058 supondría la desaparición del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (FNETP), una herramienta clave para el equipamiento y la mejora de escuelas técnicas y agrarias. Según advirtieron, esto afectaría directamente la formación de trabajadores y trabajadoras para el desarrollo productivo del país.
A ese escenario se suma el impacto sobre el sistema científico. La iniciativa propone derogar artículos centrales de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (27.614), anulando la meta de alcanzar una inversión mínima del 1% del PBI. Además, se elimina la garantía de que los fondos no sean inferiores, en términos reales, a los del año anterior, lo que deja expuestos a organismos como el CONICET y a las universidades nacionales a recortes abruptos.
Pedido al Senado y advertencia política
Ante este panorama, la Provincia de Buenos Aires solicitó a las y los senadores nacionales que rechacen el artículo 30 del proyecto de Presupuesto. De aprobarse, ese artículo eliminaría la obligación legal de asignar un piso mínimo de inversión para educación y ciencia, dejando el financiamiento sujeto a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo e integrándolo al gasto general sin prioridad específica.
Desde la Dirección General de Cultura y Educación remarcaron que este esquema consolidaría un proceso de desfinanciamiento estructural, precarizando tanto a la educación en todos sus niveles como a la política científica nacional. “La inversión educativa y científico-tecnológica no es un gasto, sino la base soberana del desarrollo y la garantía de futuro para nuestro pueblo”, remarcaron.
Finalmente, el organismo reafirmó su compromiso con la defensa de la educación pública, gratuita y de calidad, y aseguró que continuará trabajando junto a las comunidades educativas y las provincias para exigir un presupuesto que garantice derechos, fortalezca las instituciones y asegure condiciones dignas de enseñanza y aprendizaje.
