En medio del conflicto por el recorte presupuestario dispuesto por el Gobierno nacional, este miércoles 28 de mayo ingresó formalmente a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone garantizar el financiamiento de la educación universitaria pública en Argentina. La iniciativa fue elaborada en conjunto por representantes del sector docente, no docente, estudiantil y autoridades universitarias de todo el país. El objetivo es alcanzar, de forma progresiva, una inversión del 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI), para el año 2031.
El texto fue redactado tras múltiples reuniones con legisladores de distintos bloques, entre ellos Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad, un sector del radicalismo y otra parte de Encuentro Federal. Uno de los puntos centrales del proyecto es la obligación del Poder Ejecutivo de convocar a paritarias para los gremios docente y no docente, instancia que, según denunciaron, no se realiza desde agosto de 2023. De hecho, durante los últimos 18 meses los salarios fueron determinados por el Gobierno de forma unilateral.
Además, el proyecto establece una actualización automática del presupuesto universitario conforme a la inflación, y plantea una asignación específica dentro de la recaudación impositiva nacional para asegurar el funcionamiento del sistema. También se busca recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores universitarios con base en la inflación acumulada desde diciembre de 2023.
El proyecto contempla una inversión especial de $10.000 millones, actualizable cada año, para promover carreras estratégicas para el desarrollo del país, incluyendo aquellas vinculadas a la Inteligencia Artificial. Asimismo, impulsa una ampliación progresiva del financiamiento de becas estudiantiles y garantiza recursos para áreas claves como hospitales universitarios, ciencia y técnica, y extensión universitaria.
Desde la Universidad Nacional del Litoral (UNL), el rector Enrique Mammarella participó de la presentación local del proyecto y remarcó su importancia. “Desde la UNL estamos acompañando el acto que se está haciendo en la Plaza de los dos Congresos”, expresó. “Esperamos que tenga el tratamiento necesario, primero en comisiones y luego que se logren los consensos y adecuaciones necesarias para que se convierta en ley”.
Mammarella explicó que la iniciativa tiene tres grandes ejes: “Uno de recomposición, otro vinculado a la adecuación del presupuesto 2026 y, fundamentalmente, una ley de financiamiento que asegure de forma automática la asignación de fondos a educación”. Y añadió: “Se aspira a un porcentaje creciente que se espera que llegue al 1,5% del PBI en 2013, cuando hoy se encuentra dentro del 0,5%”.
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Un sistema bajo presión
La presentación del proyecto se da en un contexto crítico para el sistema universitario y científico. Según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) y la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el recorte presupuestario aplicado por el Ejecutivo fue del 30% en términos reales durante 2024, y los salarios docentes cayeron un 23% en comparación con diciembre de 2023.
Las universidades nacionales y la comunidad científica vienen denunciando esta situación desde comienzos de año. En abril y octubre se realizaron dos multitudinarias marchas federales en defensa de la educación pública y la ciencia. Además, el veto presidencial a una ley de financiamiento aprobada en septiembre por el Congreso profundizó el conflicto. La medida fue respaldada por diputados del PRO y parte del radicalismo.
En este contexto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtió mediante un comunicado que “la crisis del sistema científico es grave y profunda”. Según el CIN, la falta de recursos para la investigación afecta la formación profesional, limita la capacidad de desarrollo científico y tecnológico, y contribuye a la fuga de talentos. “Laboratorios desactualizados, menos becas para jóvenes investigadores e investigadores y la fuga de talentos son algunas de las consecuencias inmediatas de este recorte en el financiamiento”, alertó el organismo, que agrupa a todos los rectores de universidades nacionales.
A su vez, un informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación reveló que ya se perdieron más de 4.100 empleos en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. El Conicet fue el más afectado, con 1.513 puestos menos, seguido por el INTI (734) y el INTA (436). El informe señala que esta sangría de personal (por despidos, jubilaciones no reemplazadas y emigración de científicos) ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema científico nacional
El debate parlamentario sobre el proyecto de ley será clave en las próximas semanas. La comunidad universitaria mantiene el estado de movilización y el reclamo por un presupuesto que permita sostener la educación pública como herramienta de desarrollo y equidad social.
