El jueves amaneció con unos 4.000 efectivos de la Policía Bonaerense que ingresaban al predio de Guernica para desalojar a las familias que lo ocupaban, por orden del fiscal Condomí Alcorta.
“Para nosotros fue un éxito, en muy poco tiempo teníamos el predio desalojado”, señalaron desde el Ministerio de Seguridad a INFOCIELO. Numerosas balas de goma, cientos de casillas quemadas, otras tantas demolidas por máquinas y alrededor de 40 detenidos fue el saldo de un operativo que comenzó con la primera luz del día y terminó alrededor de las siete de la mañana.
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Luego de un cuarto intermedio y de una intensa reunión de labor parlamentaria, en la que acordaron no tratar la “ley corta” pedida por el gobernador Axel Kicillof, la Cámara Alta aprobó temas que se acordaron para no hacer caer la cita legislativa. Magario volvió a cerrar el palco para la prensa.
El desenlace, sin embargo, no era la intención de la Provincia y sin dudas tampoco de los vecinos de los cuatro barrios de la toma. Varios de ellos quedaron nuevamente en la calle. Si las partes no querían este final, ¿qué pasó?
La explicación oficial de la Provincia fue que “después de múltiples mesas de diálogos, un grupo radicalizado no accedió a ninguna de las propuestas realizadas y exigía permanecer en el predio desconociendo la orden judicial”. Así lo aseguró también el propio gobernador hoy, desde Bahía Blanca.
“Se trató de actuar con todo el cuidado posible. Simplemente se llevó adelante de esta manera con las pocas familias que quedaban. Y después quedaban algunos dirigentes o militantes de fuerzas políticas sobre los que me reservo totalmente cualquier comentario, solamente digo que no era por un problema habitacional propio, sino por una decisión política de estar ahí”, dijo Kicillof.
La toma de Guernica se dividía en cuatro barrios. 20 de julio, La Unión, La Lucha y San Martín. Cada uno de esos barrios, de entre 200 y 500 personas cada uno, tenía una asamblea propia, que era acompañada por militantes de las diferentes agrupaciones sociales y políticas que estaban en el predio, entre ellas el Partido Obrero, el MST Teresa Vive, el Movimiento Teresa Rodríguez y el Frente de Izquierda.
A principios de septiembre, los dueños del predio radicaron la denuncia ante la justicia. La causa quedó en manos del Juzgado de Garantías N°8 a carto de Martín Miguel Rizzo, y con intervención de la fiscalía n°1 de Presidente Perón a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta. A principios de septiembre, Rizzo ordenó el desalojo del predio.
Los abogados que ejercían la defensa de las familias de la toma presentaron una apelación, que fue rechazada por la Cámara de Apelaciones de La Plata, quien ratificó el desalojo. A partir de ese momento, intervino la Provincia.
Las prórrogas judiciales y la negociación
El Gobernador le confió al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, la tarea de establecerse en el predio, censar a las familias, escuchar sus necesidades y negociar la desocupación pacífica y voluntaria del predio. De esa manera, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad desembarcó con una carpa en Guernica a mediados de septiembre, a la que se sumaron otros ministerios, y realizó una solicitud de prórroga del desalojo, que fue aceptada por el juez Rizzo.
Con un período de 15 días de gracia, desde el Comité Interministerial avanzaron con el censo, que arrojó el dato de 1.904 grupos familiares de una o más personas, entre las cuales había 2.797 niños, niñas y adolescentes. Respecto a las actividades, 1.859 personas declararon ser desocupados, 494 tener trabajo, 271 con trabajo informal y otros 20 eran jubilados o pensionados.
Cuando les consultaron sobre los motivos de la toma de tierras, más de 1.500 personas respondieron que lo hacían por “desocupación, empobrecimiento e imposibilidad de pagar alquiler”, en un contexto agravado por la crisis económica, sanitaria y social que produjo la pandemia de coronavirus Covid-19.
Con esos números sobre la mesa, la Provincia preparó una propuesta integral para los vecinos y vecinas de Guernica, según las diferentes necesidades existentes. A la par, Axel Kicillof anunció el Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat, con la inversión de $190 mil millones destinados a la construcción de 50.000 viviendas y a la compra y puesta a punto de más de 91.000 lotes con servicios.
De ese plan surgió la propuesta a las familias de Guernica. Además, fue presentado en la Justicia, que con la negociación abierta extendió por otros 15 días la prórroga del desalojo y estableció la fecha límite el 15 de octubre. “El objetivo es lograr una desocupación pacífica del previo sin conflicto, ni necesidad de utilizar la fuerza”, decían por entonces desde el Gobierno.
Poco a poco, varias familias aceptaron el ofrecimiento y firmaron un acta acuerdo donde la Provincia se comprometía a entregarles los terrenos con servicios que establecía el Plan de Hábitat. Además, prometía brindarles una ubicación transitoria por 6 meses en carpas, en predios estatales, mientras conseguía los terrenos definitivos. Sin embargo, un grupo importante de vecinos seguía sin aceptar. A pocos días para que finalice el plazo, Larroque puso un ultimátum: “Más prórroga no va a haber”, aseguró el 10 de octubre, a 5 días de que finalice el plazo judicial.
Según informó la cartera de Larroque, más de 600 familias firmaron el acta acuerdo para recibir un terreno y se retiraron del predio. El ministro tomó ese número como un logro y aseguró en una entrevista con LADO P que “hoy deben quedar en la toma unas 200 personas, el 80 por ciento de la toma ha sido desocupada”. Además, acusó a ese remanente de patear el acuerdo. “Los dos sectores más duros que se resisten tienen que ver con el interés político y con el interés económico”, dijo.
Fue un paso en falso. Las organizaciones sociales salieron a cruzar a Larroque y aseguraron que, a diferencia de lo que sostenía el Ministro, aún quedaban 1.400 personas en la toma. La negociación, que se desarrollaba de foma fluida, se frenó. “El Gobierno nos criminalizó a las organizaciones sociales y nos hace quedar como que no queremos cerrar el acuerdo”, señalaban entonces a INFOCIELO militantes del MST. Y sostenían que “las familias lo que quieren es lo que ellos llaman tierra por tierra. Si el Gobierno tiene las tierras que dice tener, que vengan, retiren a las familias de los lotes de Guernica y las lleve a los lotes que tiene para entregar. Pero eso el Gobierno dice que no lo puede hacer”.
El último día de prórroga Judicial, la Provincia presentó en un acto desde Guernica el trabajo realizado. El Comité Interministerial, en el cual participaron de forma conjunta el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Gobierno y que encabezó el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, explicó la acción y las propuestas que llevaron a cabo. “Estamos muy contentos del trabajo, orgullosos y orgullosas de lo realizado y es un éxito muy importante que 601 familias hayan firmado el acuerdo y se hayan retirado del predio y que hoy dentro de la toma queden 150 personas”, ratificó Larroque y llamó a un acuerdo definitivo.
Tiempo de desalojo en Guernica
Tal como aseguró Larroque, no hubo más prórrogas judiciales. Así lo indicaron también el gobernador, Axel Kicillof y el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, quienes advirtieron que sostenían el diálogo, pero pasaban a ser “auxiliar de la Justicia”. Las negociaciones efectivamente se mantuvieron.
Hubo al menos dos nuevas propuestas del Gobierno, que fueron rechazadas por las familias y organizaciones de Guernica, quienes se plantaron en una contrapropuesta: Un nuevo censo que desmienta las palabras de Larroque, que había asegurado que quedaban 200 personas en la toma. Esta vez, con los Organismos de Derechos Humanos como veedores oficiales.
Las condiciones climáticas, que venían siendo favorables, pasaron a ser adversas. El nuevo censo se tuvo que postergar dos veces por las tormentas, y terminó el 22 de octubre, a tres días de haberse iniciado, y a ocho días del plazo límite impuesto por la Justicia para llevar adelante el desalojo. El Ministerio de Seguridad bonaerense, mientras tanto, ya preparaba el operativo y a los 4.000 agentes.
El censo “dio como resultado que hay más de 1.400 familias asentadas en el territorio, desmintiendo las cifras irrisorias, y los ataques a los vecinos y organizaciones que el ministro Larroque desenvolvió en una campaña durante la semana pasada”, según manifestaron las organizaciones políticas y sociales. Desde la Provincia advirtieron que esos datos eran en crudo, y señalaron que el nuevo censo arrojó más o menos los mismos datos que ya manejaban.
Sin un acuerdo concreto en el número de familias que quedaban en el predio, los días se consumieron lentamente con las posiciones encontradas. Cuando parecía que se podía lograr un acuerdo, nuevamente había un retroceso. Mientras tanto, la Justicia podía ordenar el desalojo. La última propuesta fue el martes, y los barrios de Guernica la analizaron en la última asamblea. Consistía en trasladar a los vecinos restantes de uno de los barrios -La Unión- a otro predio, y brindarles asistencia.
“Un barrio votó a favor de arreglar con el Gobierno provincial. Estamos sobre el filo. Si en el correr de las próximas dos horas no hay respuesta, por más que hicimos todos los esfuerzos, nuestra actuación acá carece de sentido y ya comienza a actuar la Justicia”, dijo ayer Larroque. Según pudo saber INFOCIELO el barrio La Unión, que integraban unas 320 personas, intentó acceder a última hora y firmar el acta de acuerdo, ante el inminente desalojo. Pero algo falló y la negociación se frustró.
Con la negociación caída, la Justicia dio por finalizado el período de gracia e inmediatamente instruyó el desalojo. Por la madrugada, 4.000 efectivos de la Policía Bonaerense rodearon el predio. Los fiscales Juan Cruz Condomí Alcorta y Marcelo Romero estuvieron presentes en Guernica, y apenas aparecieron los primeros rayos de sol en el horizonte, dieron a la Policía Bonaerense la orden de avanzar. Para las siete de la mañana, el desalojo estaba consumado.
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