El predio ocupado, que pertenece a la empresa estatal Ferrobaires, está ubicado en 141 desde 472 a 478 y es lindero al country Gran Bell, cuyos habitantes promovieron la denuncia en 2006, mientras que fuentes judiciales indicaron que también han sido ocupados espacios municipales reservados para la apertura de calles.
En ese marco, el juez César Melazo ordenó en las últimas horas el desalojo, que debería realizarse el jueves 27 del próximo mes, mientras que desde el grupo político Instrumento La Plata, que forma parte del Nuevo Encuentro que lidera el intendente de Morón, Martín Sabatella, se denunció que el desalojo “es un intento por sacar del barrio a vecinos de menor nivel socioeconómico”.
En febrero de este año el juez Juan Pablo Masi, que estaba de turno, firmó el desalojo pero cuando Melazo -que es el magistrado de origen de la causa- regresó de la feria judicial suspendió la medida y pidió informes a organismos públicos para establecer la posibilidad de reubicar a los ocupantes de los terrenos. Y la misma medida adoptó el fiscal Fernando Cartaseña, quien quedó a la espera de una respuesta oficial para poder efectuar un “desalojo asistido”, es decir, en el que se garantice una solución al problema de vivienda de los ocupantes.
Por su parte, desde Nuevo Encuentro se afirmó ayer que “la la empresa estatal Ferrobaires, dueña de los terrenos, niega haber realizado denuncia alguna y los vecinos acusan discriminación por parte del country lindero”. Tras reiterar que “el Estado bonaerense no pidió ni propicia el desalojo”, en un comunicado esta expresión política vinculada a la CTA señaló que “los vecinos sostienen que existiría fuerte presión” desde el country “para expulsarlos y transformar el barrio en una zona exclusiva, sin cabida para los sectores populares”.
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También señalaron que “se trata del tercer intento de desalojo que sufren estas familias, en un marco de de amenazas y hostigamiento hacia la gente por parte de la policía, cortándoles la luz y el agua, ejerciendo distintas presiones por las que algunas familias terminaron desarmando preventivamente sus casas y abandonando el predio ante la posibilidad de represión”.
