La diputada nacional Victoria Tolosa Paz, junto a su par Eduardo Valdés y un grupo de legisladores de Unión por la Patria, presentó un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados para exigir la suspensión inmediata de las bajas arbitrarias de pensiones no contributivas por invalidez.
La iniciativa busca que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se abstenga de interrumpir prestaciones cuando el beneficiario posea un Certificado Único de Discapacidad (CUD) o un Certificado Médico Oficial (CMO) vigente, instrumentos reconocidos legal y sanitariamente por el Estado. “Dar de baja pensiones en esas condiciones es ilegal, arbitrario y profundamente inhumano”, sostienen los legisladores en el proyecto, respaldado por un amplio grupo de firmas, incluyendo a diputados como Santiago Cafiero, Juan Marino y Mónica Litza, entre otros.
En paralelo, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, bajo la conducción de Guido Lorenzino, remitió una nota formal al interventor de la ANDIS, Alejandro Alberto Vilches, reclamando la restitución urgente de las pensiones suspendidas y la revisión integral de los procedimientos aplicados. La institución denunció que las bajas se realizaron sin notificaciones fehacientes, con auditorías confusas y plazos de cumplimiento irrazonables, dejando a miles de personas y familias sin ingresos de carácter alimentario. Además, alertó sobre problemas de accesibilidad en los procedimientos y demoras de años en el otorgamiento de nuevas pensiones.
Tanto el proyecto parlamentario como la nota de la Defensoría se apoyan en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, norma con jerarquía constitucional en Argentina, que obliga al Estado a garantizar accesibilidad, ajustes razonables y no regresividad en materia de derechos sociales. “Es fundamental transparentar los criterios de otorgamiento, agilizar los trámites pendientes y garantizar que nunca más se repitan situaciones de abandono e injusticia”, explicaron los legisladores.
En los últimos días de agosto, Tolosa Paz se reunió con diputados como Juan Marino, Victoria Montenegro y Bárbara Meglia, así como con representantes de organizaciones de personas con discapacidad, en un encuentro junto al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque. Allí, avanzaron en el diseño de instrumentos de acompañamiento y asesoramiento para quienes fueron afectados por la suspensión de pensiones. También se abordó la importancia de los aumentos en becas y programas para personas con discapacidad anunciados por el gobernador Axel Kicillof, que buscan paliar la situación de vulnerabilidad que atraviesan miles de beneficiarios.
El proyecto de declaración presentado en el Congreso establece además que la ANDIS debe garantizar que las auditorías se realicen conforme a la Resolución ANDIS 1745/2023, respetando los principios de idoneidad profesional, imparcialidad, confidencialidad y fundamentación técnica de los auditores, así como el pleno respeto de las garantías del debido proceso. La iniciativa incluye a 26 legisladores de diferentes bloques de la Cámara de Diputados, mostrando un amplio respaldo institucional para detener lo que consideran un “atropello sistemático” contra las personas con discapacidad.
La presentación parlamentaria y la acción de la Defensoría reflejan un pedido urgente al Gobierno Nacional: frenar la arbitrariedad en las bajas de pensiones, garantizar transparencia y acompañamiento social, y asegurar que los derechos de los beneficiarios sean respetados plenamente, conforme a la legislación nacional e internacional vigente.
