Desarrollar una actividad ilegal a la vista de todos no parece ser una buena idea. Al menos si no se quiere correr el riesgo de tener problemas con la Justicia. En este caso, una mujer de 61 años y un joven de 25 montaron una farmacia trucha en la reconocida feria Casmma ubicada en Rafael Castillo, lugar al que concurren cientos de personas cada día.
En este sentido, uin operativo bautizado como “Farmacia Trucha” permitió a la Policía Federal Argentina (PFA) desarticular una organización dedicada a vender medicamentos en el partido bonaerense de La Matanza.
La investigación, supervisada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, concluyó con el secuestro de una gran cantidad de fármacos cuyo valor de mercado supera los 8 millones de pesos.
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LA FARMACIA TRUCHA
La pesquisa comenzó a partir de una denuncia anónima presentada en la División Denuncias Federales de la PFA, que dio intervención inmediata a la División Delitos Contra la Salud Pública.
De acuerdo con las pruebas reunidas, la comercialización de medicamentos se llevaba a cabo en dos puestos de la feria conocida como “Casmma”, ubicada en Rafael Castillo, partido de La Matanza.
Allí, según se constató, se ofrecían de manera libre fármacos de distinto tipo, incluso psicotrópicos, sin receta ni autorización alguna.
A medida que avanzaban las diligencias, los investigadores también identificaron dos domicilios relacionados con las maniobras ilícitas: uno en Villa Luzuriaga, sobre la calle Alberto Lartigau, y otro en Isidro Casanova, en la calle Lascano.
Con las pruebas en mano, el juez y la secretaría interviniente ordenaron cuatro allanamientos simultáneos en los lugares identificados.
Durante los procedimientos, los efectivos de la PFA encontraron a dos personas: una mujer de 61 años y un hombre de 25, ambos de nacionalidad argentina, que fueron identificados como presuntos responsables de la actividad ilegal.
El resultado de los operativos incluyó el secuestro de una enorme cantidad de medicamentos en distintos formatos y presentaciones. Entre lo incautado se contabilizaron ibuprofeno, calmantes de uso odontológico, amoxicilina, paracetamol, analgésicos para diferentes tipos de dolores, antiespasmódicos estomacales, broncodilatadores, antidiarreicos y antipiréticos.
Todo este material fue valuado en una cifra que, según cálculos de los investigadores, supera ampliamente los 8 millones de pesos.
Las actuaciones quedaron registradas en el marco de una causa por infracción a la Ley 26.524, que regula la Salud Pública y el Comercio Ilegal de Medicamentos.
