En la resolución 100 (del 19 de este mes), firmada por el titular de la Secretaría de Comunicaciones, Carlos Salas, el organismo declaró entre sus considerandos la caducidad de las licencias para prestar servicios de telecomunicaciones a la “extinta” Fibertel y dispuso un plazo de 90 días para la implementación de las medidas necesarias para la migración.
“Lo más importante para nosotros es la protección al usuario. El fallo no cuestiona la resolución 100 ni 102, sólo está pidiendo que en 10 días le informemos qué medida vamos a adoptar para instrumentar lo que él ordena en su medida cautelar”, en referencia a la migración de los usuarios hacia otras empresas que brinden el mismo servicio.
De Vido formuló sus declaraciones en radio 10 luego de que ayer la Justicia Federal de Mar del Plata emitiera su decisión judicial en el marco de una acción de clase presentada por una asociación de consumidores, según lo publicado en la página web del Centro de Información Judicial.
Una fuente del Ministerio de Planificación Federal expresó (ayer) que “el juez ordenó una medida cautelar en la que solicita tanto al Estado como a las empresas Cablevisión y Fibertel arbitrar en forma inmediata los medios necesarios a fin de asegurar la migración de sus abonados y la continuidad del servicio de Internet en idénticas condiciones“.
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“En el mercado hay ofertas suficientes para adoptar las que más le convenga, hay más de 400 compañías en condiciones de adoptarlas, hoy Fibertel brinda servicios en 135 localidades de la Argentina, y la Argentina tiene 2.600 municipios y sociedades de fomentos y comunas”, expresó hoy el ministro.
Y agregó que “ahora hay 90 días hábiles desde el dictado de la resolución (para optar por otras empresas) igualmente nosotros vamos a explicarle al juez que es un tiempo referencial” y ofreció que “si es necesario hacer alguna modificación para proteger al usuario, haremos lo que al usuario le convenga”.
“Lo que nos interesa es que la gente haga la migración y deje de estar de rehén“, puntualizó.
De Vido agregó que en el marco de la “profunda concentración que hizo el grupo Clarín, nunca le autorizamos la fusión y ellos en forma unilateral la realizaron aunque el Estado Nacional nunca la aceptó, nunca pensamos que iban a autolegitimarse”.
“Además lo hicieron ante los usuarios porque cuando fueron a informar a las autoridades de las bolsas donde cotizaban siempre decían que tenían un grave factor de riesgo que era la falta de autorización de la licencia por parte de la autoridad de aplicación y de la autoridad regulatoria”, dijo.
De Vido también apuntó que “ayer La Nación decía que el Estado pone como prestadores a compañías que brindan servicio a través de medios físicos de otras compañías y eso es perfectamente legal”.
“Ellos (Fibertel) están preocupados en encontrar una racionalidad legal a su situación”, destacó el ministro tras
insistir que el Gobierno se está manejando “en el marco de la ley y el derecho“.
El titular de Planificación también brindó el número 08003333344 de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para los usuarios que quieran asesorarse.
En el fallo dispuesto por el juez federal Alfredo López, el magistrado requirió al Poder Ejecutivo nacional que informe en diez días acerca de si se encuentra asegurada la continuidad de la prestación del servicio de Internet a todos los usuarios en las mismas condiciones y modalidades en que actualmente se presta a través de Fibertel.
Asimismo, solicitó a Cablevisión y a Fibertel que informen en diez días acerca de si se encuentra asegurada la prestación del servicio de Internet a todos los usuarios hasta tanto el Estado nacional provea la prestación de similar servicio con los nuevos proveedores.
Mediante la resolución 102/10 la Secretaría de Comunicaciones ya había establecido que “los prestadores de servicio de valor agregado y/o Internet que reciban a aquellos usuarios y clientes que decidan migrar los servicios que brindaba la ex licenciataria Fibertel Sociedad Anónima, no podrán percibir bajo ningún concepto derechos de conexión, instalación, alquiler de módem, y/o cualquier otro cargo de acceso al servicio, independientemente de la denominación usualmente utilizada por cada prestador
