El Gobierno realizó una modificación del Presupuesto para incrementar los recursos destinados al Ministerio de Salud, con foco en hospitales nacionales y salarios del personal, especialmente pediátrico. Sin embargo, el refuerzo presupuestario representa menos del 30% de la inversión exigida por la ley de emergencia pediátrica sancionada por el Congreso, que el presidente Javier Milei continúa sin ejecutar.
La norma, ratificada tras el rechazo del veto presidencial, obliga al Poder Ejecutivo a priorizar fondos y recomponer los salarios del personal pediátrico y de los residentes, pero el Gobierno mantuvo frenada su aplicación. La Casa Rosada volvió a argumentar que el Congreso debe definir el financiamiento de la ley, apoyándose en una normativa de 1996, mientras que desde la oposición advierten que no existe un presupuesto vigente sino una prórroga del de 2023, por lo que esa exigencia no aplica.
En paralelo, trabajadores del sector realizaron una toma de la Dirección por los últimos descuentos aplicados durante los días de paro, mientras reclaman la falta de implementación de la ley votada.
Un anuncio lejos de la urgencia sanitaria
La decisión administrativa publicada en el Boletín Oficial señala que el Poder Ejecutivo “tiene la voluntad de atender, dentro de las disponibilidades presupuestarias actuales, las necesidades tenidas en cuenta por el Congreso al sancionar la referida ley”. Para ello, dispuso “readecuar las partidas presupuestarias” con fondos surgidos de una reducción de créditos en la Jurisdicción 91 – Obligaciones a cargo del Tesoro por $35.832 millones. Aunque la cifra parece elevada, dista de cubrir las erogaciones previstas para garantizar los salarios y programas contemplados en la normativa.
Según el desagregado, se asignarán $5.110 millones al programa de formación de recursos humanos, $20.180 millones al Hospital Garrahan y más de $3.380 millones a otros centros de alta complejidad como El Cruce, El Calafate, Cuenca Alta Néstor Kirchner, el Hospital Dr. René Favaloro y el Hospital Presidente Néstor Kirchner. También se prevén $7.160 millones para organismos descentralizados como el Hospital Laura Bonaparte, el Sommer, el Posadas, el Ramón Carrillo y el Instituto Tesone.
Pero los cálculos oficiales son contundentes: solamente para igualar las remuneraciones del personal pediátrico y residentes al nivel real de noviembre de 2023, tras recortes equivalentes a un tercio de los salarios, la Nación debería destinar $65.573 millones de julio a diciembre. Anualizado, el monto asciende a $133.433 millones, por lo que lo reasignado equivale apenas al 26,85% de lo que exige la ley. Consultado por cuánto del refuerzo irá directamente a sueldos, el Ministerio de Salud no respondió.
En la ley también se estipula que la recomposición salarial debe sostenerse por dos años y que los trabajadores del sector quedarán eximidos del pago de Ganancias, puntos aún sin implementación.
Mientras tanto, el Gobierno insiste en que la emergencia pediátrica permanece suspendida hasta que el Congreso determine la fuente de financiamiento. Según cálculos del Ejecutivo, aplicarla implicaría $196.270 millones, cifra que, afirman, supera la capacidad presupuestaria actual de un Ministerio de Salud que presenta un déficit de $102.400 millones. Además, advierten que reasignar fondos en esa magnitud sería equivalente a recortar el 30% de los subsidios a medicamentos y tecnología sanitaria y el 60% del presupuesto destinado a prevención del VIH. Este planteo es rechazado por la comunidad médica, que ya respondió con nuevas medidas de fuerza.
En definitiva, la reasignación anunciada funciona más como gesto político que como cumplimiento efectivo de la ley: el refuerzo no cubre ni un tercio de la inversión obligatoria y el Gobierno mantiene paralizada una norma destinada a atender la crisis pediátrica más grave en años.
