Los tribunales de Comodoro Py, un ámbito judicial considerado un “terreno amigo” para amortiguar las denuncias que involucran a dirigentes de Cambiemos, también recibirá la causa que se le sigue a Julio Conte Grand. La “conveniente” situación para el procurador bonaerense, se produce tras el escándalo por su presunta vinculación con el funcionamiento de una mesa judicial para la persecución a dirigentes sindicales, políticos y militantes sociales durante la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal.
Es que la Cámara Federal de La Plata envió al juez federal de la ciudad de Buenos Aires Marcelo Martínez De Giorgi una denuncia presentada contra el procurador bonaerense, Julio Conte Grand, y el fiscal Sebastián Scalera, entre otros, a raíz de la polémica por la “Gestapo antisindical” que destacó el video del ex ministro de Trabajo, Marcelo Villegas en que se expone el entramado político-judicial para armar causas contra los sindicatos.
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Entre los fundamentos esgrimidos por el tribunal platense, se menciona la “evidente conexidad” de la causa que investiga los videos en los que funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el Gobierno de la provincia de Buenos Aires de Cambiemos y empresarios pergeñan causas judiciales contra gremialistas y la que tramita en Comodoro Py, por supuestas maniobras de espionaje ilegal de ese organismo durante la gestión de Mauricio Macri a políticos, funcionarios y dirigentes sociales.
“Advierto que existe una evidente conexidad entre lo denunciado en la presente causa y lo que se investiga” en la causa que lleva Martínez De Giorgi”, sostuvo el camarista platense Roberto Lemos Arias.
La denuncia alude al supuesto inicio irregular de “investigaciones a fin de inclinarlas a favor de sus intereses políticos y perseguir a distintos actores sociales políticos, sindicalistas, magistrados y funcionarios”.
Para ello se habrían valido de “la colaboración de producción de inteligencia ilegal llevada a cabo por agentes de la Agencia Federal de Inteligencia”, se recordó en el fallo sobre la denuncia.
Lemos Arias consideró que “el juzgado capitalino resulta competente para seguir entendiendo en la presente causa”, al hacer lugar a un planteo de la fiscalía y revocar una decisión de la justicia federal de primera instancia de Lomas de Zamora, que había rechazado un planteo de incompetencia.
La fiscal del caso Cecilia Incardona planteó la incompetencia de la justicia federal de Lomas de Zamora y sostuvo que “se advierte fácilmente que los hechos que conforman el objeto procesal de este caso, de probarse, consistirían en un nuevo segmento de aquellos cometidos por la asociación ilícita investigada en la causa FLP 14149/2020, que operaba de manera sistemática y sobre distintos objetivos”.
La denuncia había sido presentada por el entonces fiscal general de Lomas de Zamora Enrique Ferrari, quien luego fue licenciado en su cargo.
En la presentación se pidió investigar a Conte Grand, al fiscal general adjunto Scalera y “funcionarios a cargo de la Unidad de Coordinación de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Fiscalía General de Lomas de Zamora”.
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