En Mar Chiquita, una polémica ordenanza aprobada en el mes de mayo en el Concejo Deliberante local, habilitó fumigar con diferentes agroquímicos a tan solo 150 metros de centros urbanos y rurales, pero eso todavía no pudo ser realidad debido a una medida cautelar que todavía mantiene el juez Héctor Fabián Casas, del juzgado Civil y Comercial Nº 15, quien por el contrario estableció un límite de 1.500 mts para las pulverizaciones en los campos.
Por eso, el pasado 14 de septiembre uno de los abogados que representa al sector del agronegocio en Mar Chiquita, Javier Viadas, pidió el apartamiento del magistrado. Eso generó un rápido repudio de parte de la población local y de grupos ambientalistas, que ven en el juez la única chance para que no se aplique una ordenanza que –aseguran- permitirá que se fumigue “sin ningún tipo de control” y “expondrá a las personas a muchas enfermedades”, a sabiendas de que ya son muchos los estudios (como el que aportó la Organización Mundial de la Salud) que determinaron que la exposición hacia los agrotóxicos son los causantes de diversas malformaciones, enfermedades respiratorias y de piel, y distintos tipos de cáncer.
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Pero el pedido de recusación del juez Casas tiene todo un trasfondo llamativo que deja en claro un conflicto de intereses. El abogado Javier Viadas representa a empresas demandas en la causa, como lo es Surco SA, la cual explota el campo La Esperanza en sociedad con Los Globos SA.
Se tratan de las empresas que han enfrentado las decisiones de la justicia y fueron junto con Viadas y la propia Sociedad Rural local, los que redactaron el texto del proyecto de ordenanza para habilitar las fumigaciones a 150 metros, el cual posteriormente fue aprobado en el HCD local.
Según denunció la Asamblea “Paremos el Desierto Verde”, en aquella votación en medio de la cuarentena y “sin ninguna participación ciudadana”, los ediles del oficialismo y la oposición, se basaron en un proyecto de ordenanza ya elaborado, “a la medida del sector agropecuario”.
Aun así, desde el oficialismo insisten con la idea de que la ordenanza aprobada se basó en varios proyectos: el de los empresarios, el de los ambientalistas y uno de un concejal de Juntos por el Cambio. “La idea es ir hacia la agroecología, pero hacerlo como transición, no de golpe”, le respondió a este portal, el concejal Alejandro Cueto, quien agregó que la idea sigue siendo “poner límites a la aplicación de agroquímicos y sancionando las malas prácticas de aplicación”.
UN INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL TRUCHO
Hay todavía más irregularidades en la causa por fumigaciones en Mar Chiquita. En esos fríos días de mayo, el propio intendente Jorge Paredi (Frente de Todos) aseguró que la ordenanza se había basado en “rigurosos” estudios de impacto ambiental, en el cual habían participado científicos del Conicet y diferentes universidades del país.
Sin embargo, hace algunas semanas se comprobó que el abogado que representa a las empresas interesadas, Javier Viadas, incluyó a un científico del Conicet de Mar del Plata que desmintió su participación. Se trata del prestigioso científico Federico Isla Iñaki, quien se sorprendió de encontrar su nombre en el estudio de impacto ambiental que presentó Vidas, apoyó el intendente local y aprobó el HCD.
“Niego completamente mi participación. No entiendo cómo sin haber trabajado en el estudio me pusieron en los agradecimientos”, le dijo a INFOCIELO, el científico Isla Iñaki.
Vale aclarar que además, aquel estudio de impacto ambiental fue rechazado por el juez suplente, Colángelo, por “falta de rigor” y algunas “irregularidades”. Aun así, la ordenanza reunió los votos suficientes en el recinto. En el texto se especifican las distancias que generaron dramatismo en los especialistas debido a que permite fumigar con una zona de exclusión mínima, nunca antes vista: a solo 150 metros de la zona urbana, a solo 50 metros en zonas rurales pobladas, a 200 metros frente a escuelas rurales donde acuden menores de edad y a 25 metros frente a cuerpos de agua superficiales.
Los ambientalistas recordaron que además se omite el dato de que los agroquímicos pueden “moverse a distancias que superen los 10 km”, basado en un estudio del ingeniero Marcos Tomasoni.
Por eso, la posibilidad de que el juez de la causa, Héctor Fabián Casas, sea desplazado, se observa con gran preocupación por parte de la ciudadanía y grupos de ambientalistas.
“Este nuevo ataque hacia los pobladores que decidimos no seguir mirando pasivamente como destruyen nuestra salud, nuestros bienes comunes y el futuro de las próximas generaciones que habiten este suelo. Este ataque no es solo contra el pueblo marchiquitense, sino contra todos los que buscamos cambiar esta realidad de ecocidio en la que estamos viviendo”, manifestaron desde la Asamblea “Paremos el Desierto Verde”, quienes al mismo tiempo se encuentran denunciando los intentos de construcción de un barrio privado en medio de una reserva natural.
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