Además del conflicto que existe entre el municipio y vecinos por una polémica ordenanza que habilita las fumigaciones a tan solo 150 metros del ejido urbano, en Mar Chiquita se está librando un nuevo episodio por la construcción de un proyecto inmobiliario en plena reserva natural.
Se trata de un complejo que planea instalarse sobre terrenos de la Reserva de Biósfera “Parque Atlántico Mar Chiquito”, que según algunos expertos y ambientalistas, puede generar “daños irreparables” para el medio ambiente y la población.
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El lugar fue declarado “reserva mundial de biosfera” por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1996. Por esa y otras razones, la justicia frenó toda construcción, pero el predio sigue en disputa.
La novedad del caso -que ya lleva varios años- es que el actual intendente, Jorge Paredi (Frente de Todos), decidió presentarse en la causa para pedir que la justicia revea una ordenanza que sancionó su antecesor, el exintendente Carlos Ronda (Juntos por el Cambio), en donde se planteaba una rezonificación y dejaba la puerta abierta para la construcción del barrio náutico “Lagos del Mar”.
Una ordenanza que tiene muchas similitudes a otra que se había votado durante sus primeros dos mandatos (2003-2015) y que mostró a las claras que no existe grieta entre ambos mandatarios cuando se trata del emplazamiento del barrio privado.
Pero tanto la ordenanza que promovió Paredi en 2012, así como la que el Concejo Deliberante local votó en 2018, tienen un problema: desconocen una medida cautelar que dictaminó el juez Salas basado en un informe exhaustivo que brindó la Universidad Nacional de Mar del Plata y que advirtió que –de continuar con las obras en la reserva-, las “consecuencias ecológicas serían muy graves”.
Entre estas, un posible “aumento de riesgo de inundaciones por perturbación de los humedales”, la “eliminación, reducción y fragmentación del pastizal pampeano”, así como una “alteración de la calidad y cantidad de aguas, tanto subterráneas como superficiales”.
Basado en este informe, el juzgado emitió una acción de amparo ambiental en marzo de 2018 “ordenando el cese de las obras civiles ejecutadas y a ejecutarse” y exigiéndole un informe de impacto ambiental a los responsables de la construcción del proyecto inmobiliario: Capital Trusts S.A. y DSV Desarrollos Inmobiliarios SRL, así como también al Municipio del Partido de Mar Chiquita.
Hasta la fecha, el gobierno no ha respondido sobre la cuestión y por ende la medida cautelar permanece firme, algo que inhabilitaría la última ordenanza que se sancionó en el HCD local, siempre y cuando se pueda promulgar.
Aun así, los vecinos de Mar Chiquita se mostraron preocupados por el hecho de que el intendente Paredi insistiera con la idea de volver a instalar un barrio privado en el corazón de la reserva, debido a que años atrás se dieron avances en la obra, removiendo el suelo y generando un considerable impacto ambiental.
“El intendente vuelve a negar el reclamo de los vecinos y el sentido común, avalando una ordenanza que pretende beneficiar a los desarrolladores de un barrio ilegal, porque no cumplieron con ninguna normativa e iniciaron las obras sin contar con la declaración de impacto ambiental”, manifestó para INFOCIELO, Hugo Gribman, integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Mar Chiquita.
El asambleísta explicó que, además, el proyecto se intentó realizar sin contar con zonificación, ni planos municipales aprobados, ausencia estudios previos de pre factibilidad hidráulica, cloacal y de provisión eléctrica y un sinfín de etcéteras.
Por su parte, desde el gobierno local desconocieron el reclamo de los ambientalistas. “No sé motivado por qué. El tema está a la justicia. Nos estamos limitando a contestar alguna información que pide la justicia”, le contestó a este medio el Secretario de Turismo y Medio Ambiente, Marcelo Artime.
“No ha habido una sola acción del municipio que favorezca al barrio privado”, aseguró.
Jorge Paredi, intendente de Mar Chiquita.
EL NEGOCIO INMOBILIARIO
La actitud del intendente no sorprendió al sector que resiste al levantamiento del complejo inmobiliario, debido a que tanto la ordenanza sancionada durante el gobierno peronista, así como la que sancionó el Concejo Deliberante durante el gobierno de Ronda, presenta grandes similitudes.
También, fue notorio que ambos proyectos se aprobaron a una velocidad récord y no se consultó la palabra de expertos y ambientalistas, que integran una mesa junto a las autoridades municipales, en la cual incide en la reserva natural de Mar Chiquita.
Todo eso lleva a una sospecha que, en la pequeña ciudad balnearia, ya es vox populi: ¿El sector político se encuentra presionado por los verdaderos dueños del proyecto inmobiliario?
Durante los días en que se sancionó la última ordenanza que permitía la construcción del predio, era frecuente ver al responsable de la empresa desarrolladora DSV Desarrollos Inmobiliarios, Ignacio de Las Carreras, adentro del despacho del exintendente Ronda.
Por ese entonces, los vecinos y ambientalistas que se oponían a la ordenanza no eran recibidos por las autoridades.
Pero también, hay un dato que deja dudas sobre los orígenes de la desarrolladora mencionada: en 2011 se constituyó con un capital de tan solo $12.000 mil pesos. Un fondo irrisorio para solventar los gastos que conlleva una obra de este tipo.
LA IMPORTANCIA DE LA RESERVA
En la Reserva de Mar Chiquita se da una particularidad única en el país: se trata de un accidente geográfico que hace de laguna litoral separada del mar por un cordón de arena, pero que, a su vez, conecta con el mar argentino.
Esta especie de humedal llamado albufera es la única existente en el país y es un lugar de biodiversidad que atrae a miles de aves, peces, mamíferos y otras especies, cada año.
También, se trata de una zona clave que evita grandes inundaciones, por lo que desde entonces se pusieron varios reparos para evitar su modificación.
Por esta razón, el parque atlántico fue declarado reserva mundial de la Biósfera en 1996 por la UNESCO, en el marco del programa MAB (de su sigla en inglés, “Man and biosphere”). Solo existen en la actualidad 15 reservas de biosfera como la de Mar Chiquita en toda Argentina.
Es curioso que la autoridad máxima para el cuidado de esta reserva sea el propio municipio de Mar Chiquita, hoy encabezando el proyecto inmobiliario que decenas de expertos, científicos y ambientalistas han advertido que pondría en gran peligro en caso de concretarse.
Sin embargo, la Reserva Natural Mar Chiquita y el Refugio complementario de vida silvestre son de jurisdicción provincial, siendo la Dirección Provincial de Áreas Naturales Protegidas de OPDS quien posee autoridad de fiscalización y control de recursos naturales. Algo que también pone en responsabilidad al gobierno de Axel Kicillof.
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