Habemus dictamen. Después de tres horas de reunión, las cuatro comisiones que analizaron el proyecto original de legalización del aborto enviado por el Ejecutivo aprobaron la iniciativa oficial e introdujeron tres modificaciones. Se espera una sesión maratónica en el Congreso que durará hasta el viernes, en la que también se debatirá el proyecto de los Mil Días.
Las comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Mujeres y Diversidad y de Acción Social y Salud Pública introdujeron tres modificaciones, en un intento por descomprimir el escenario en el Senado: si bien desde el Frente de Todos confían en que los números están, el margen es finito y había temor de que el proyecto volviera a ser rechazado como sucedió en el 2018.
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Una de las modificaciones del proyecto para la legalización del aborto tiene que ver con las personas menores de edad. El proyecto original de Vilma Ibarra contemplaba que las personas de entre 13 y 16 años cuentan “con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento, a menos que deba utilizarse un procedimiento que implique un riesgo grave para la salud o la vida”.
En un principio, una de las ofertas “verdes” era sumar que las menores deban ser acompañadas a practicarse el aborto por un “referente afectivo”, como red de contención psicológica y emocional. Sin embargo, las cuatro comisiones definieron por amplia mayoría (77 votos a favor, 30 en contra y cuatro abstenciones) que las menores deberán dar su consentimiento, pero además se procederá conforme a lo dispuesto por el Código Civil: “La persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes sociales”.
“Se presume que el adolescente entre trece y dieciséis años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física. Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores”. En síntesis: las adolescentes de 13 a 16 de edad que decidan abortar, deberán presentar el consentimiento de sus padres.
Cabe destacar que el proyecto original para la legalización del aborto contemplaba el consentimiento como requisito en los casos en los que el procedimiento implicara un riesgo grave para su salud o su vida. “Logramos respetar que las mayores de 16 años tienen plena capacidad para decidir y no van a necesitar el consentimiento o la notificación de mayores”, reconocieron a INFOCIELO desde una de las comisiones.
Objeción de conciencia
La concesión más cuestionada tiene que ver con la objeción de conciencia, aunque no se cedió ante el pedido de creación de la figura de “objeción institucional” realizado por los “celestes”. En concreto, se introdujo una modificación en el artículo 11 que establece la obligación del sector privado a garantizar la derivación del paciente a una institución en la que se pueda llevar adelante la interrupción voluntaria del embarazo. Se deberá hacer cargo de los costos.
“Es un poco una marcha atrás, parte de las concesiones que se dieron para poder sacar la ley. Ya no será obligatorio que todas las clínicas estén obligadas a tener al menos a un profesional que no sea objetor de conciencia. Ese era un paso importante, porque obligaba a pensar la interrupción voluntaria del embarazo como un problema de salud pública. Las clínicas no tienen ‘conciencia’, lo que tienen son autoridades que toman decisiones conforme a sus creencias religiosas”, se quejaron tras el dictamen.
La otra modificación también tiene a la objeción de conciencia como hilo conductor. A partir de los cambios realizados, se eliminó la obligación del objetor de conciencia a “adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica”.
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