Las facturas de luz y de gas que llegaron a los usuarios durante julio y agosto vinieron con aumentos considerables, cuadruplicando en muchos casos los montos de los períodos anteriores. Pero eso no es todo.
El gobierno de Javier Milei ya anticipó que en septiembre habrá un incremento de 4.48 por ciento en las boletas para hogares, industrias y comercios a partir de la autorización para encarecer costos de transporte y distribución.
Desde el Gobieno estiman que las facturas promedio están en 19.621 pesos y que se disparará hasta los 23.700. En abril, quita de subsidios mediante, los valores se habían incrementado un 209. En agosto se autorizó una suba de otros 4 puntos.
Según el INDEC, el impacto al bolsillo subió 6 puntos. Así se desprende del cálculo del ítem vivienda, agua, electricidad y combustibles.
Tarifas y pobreza energética
Pero el Gobierno va por más: según Economía, con todos los aumentos, se llega a cubrir el 57% del costo real del gas y del 64% de la electricidad. Caputo quiere que el usuario afronte el 100 por ciento.
Desde el lado del consumo, el impacto se ve diferente. Según la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC) una familia no debe destinar más del 20 por ciento de sus ingresos a pagar las tarifas de los servicios públicos, si lo hace caería en lo que se considera “pobreza energética”.
Siempre según esa ONG, en Argentina ese porcentaje ya supera los 30 puntos. “Solamente de luz y gas sobrepasan el 35 por ciento del ingreso”, denunció. Con esos valores sobre la mesa, la ADDUC estimó que entre un 58 y un 60 por ciento de la población está destinando casi el 30 por ciento de sus ingresos a pagar los servicios públicos.
Con las subas decretadas y las pretendidas, se descarta que habrá un nuevo impacto sobre esos porcentajes.