Una de las tantas medidas de ajuste tomadas por el Gobierno Nacional impacta en las provincias y los municipios. Básicamente, le prohibieron a las empresas distribuidoras de luz y gas que pongan en sus facturas conceptos no relacionados con el servicio que prestan. La Provincia busca esquivar la barrera.
A través de la Resolución 625/24, publicada en octubre del año pasado, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) determinó que las distribuidoras de gas no pueden incluir conceptos ajenos a sus servicios en las facturas que le envían a sus usuarios.
Esta decisión perjudicó al gobierno bonaerense que financiaba el Fondo Especial para Obras de Gas creado por la Ley 8474. Es que Litoral Gas SA y Camuzzi Gas Pampeana SA le informaron a la Dirección Provincial de Energía que debían eliminar de sus facturas el gravamen del 9% correspondiente a financiar el fondo en cuestión.
De esta manera, el gobierno bonaerense perdió “recursos indispensables para el desarrollo de obras”. Según el Ministerio de Infraestructura, el Fondo Especial para Obras de Gas fue fundamental para “ampliar la construcción de redes, plantas de medición y reducción y gasoducto”.
En este marco, el titular de dicha cartera, Gabriel Katopodis, le puso la firma a la Resolución 1221. Ahí le encomienda al Fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires que promueva las medidas judiciales tendientes a garantizar la continuidad del impuesto creado por la Ley 8474. Algo similar están haciendo los intentendes que perdieron la posibilidad de cobrar tasas municipales en las facturas de luz y gas.
