La Asociación Pensamiento Penal, en un trabajo articulado con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), organizó una jornada estratégica en el Salón de los Espejos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP para discutir el presente y el futuro del sistema carcelario en la Provincia de Buenos Aires denominada: “Hacia un Nuevo Modelo Penitenciario Alternativo, Balances y Desafíos en la Provincia de Buenos Aires”.
A lo largo del día, las actividades se organizaron en dos bloques temáticos. El primero, denominado “Talleres Simultáneos: Inserción Social y Prácticas Inclusivas”, incluyó los siguientes talleres: Educación y Universidad en Contextos de Encierro; Trabajo en Cárceles y Articulación Socioproductiva; Ámbito Postpenitenciario e Inclusión Comunitaria; y Género, Diversidades y Abordaje Penitenciario.
En el segundo bloque, titulado “Talleres Simultáneos: Gestión, Control y Profesionalización”, se abordaron los siguientes temas: Formación Penitenciaria y Profesionalización de Cuadros; Gestión del Conflicto y Herramientas Institucionales para la No Violencia; Políticas de Prevención de la Violencia Institucional; y Fiscalización Externa.
El encuentro finalizó con un panel de debate institucional titulado “Perspectivas y desafíos para una política penitenciaria sostenible en la Provincia de Buenos Aires”. Posteriormente, se presentaron las conclusiones y se llevó a cabo el cierre de la jornada.
Nutrida participación durante la jornada
El encuentro congregó a autoridades judiciales, académicos, defensores públicos y representantes del Servicio Penitenciario Bonaerense para repensar la gestión de las personas privadas de la libertad. El propósito de la iniciativa apuntó a actualizar un documento histórico presentado hace más de una década, adaptándolo a las exigencias y complejidades del contexto social e institucional contemporáneo.
Eva Asprella, integrante de la Asociación Pensamiento Penal y directora de Políticas de Género y Programas con Población Vulnerable del Ministerio de Justicia de la Provincia, detalló a Infocielo la urgencia de reabrir este debate en la actualidad. “Hace 11 años la Asociación presentó un documento que es un Modelo Penitenciario Alternativo, que es cómo pensar una cárcel distinta a la que tenemos con estos objetivos”, explicó la funcionaria. Para la especialista, el escenario actual exige fijar posturas claras frente a las tendencias que promueven un endurecimiento de las penas sin resultados concretos en materia de seguridad ciudadana.
“Nos parecía que en este contexto había que actualizarlo y había que rediscutirlo, más que nada porque estamos en un contexto en donde hay un modelo que surge muy fuerte del ámbito nacional y de algunas provincias, que es un modelo securitista, donde se exacerba el encierro como respuesta ante la persona que está presa, y en realidad es un modelo que ya está probado, que no funciona, que no resuelve los problemas de inseguridad y que además genera violaciones de derechos humanos”, sostuvo Asprella respecto a la necesidad de superar la concepción de la prisión como un mero depósito de personas.
Inclusión, herramientas y la búsqueda de un plan de vida
Durante las comisiones de trabajo, los participantes expusieron propuestas centradas en la educación dentro de las unidades de encierro, la capacitación laboral, la formación de las fuerzas de seguridad y la contención postpenitenciaria. Asprella remarcó que, si bien la asociación no promueve el encarcelamiento como solución ideal, resulta indispensable garantizar condiciones de detención dignas mientras la institución exista. “Uno de sus fundadores fue Mario Juliano, que siempre nos animó a poder pensar la cárcel desde el lugar de no solo diagnosticar cómo está la situación, sino de cómo podemos hacer para que logre el objetivo de no violentar los derechos humanos, de ser un espacio donde la gente pueda pensar un plan de vida distinto”, recordó.
La mirada integral abordada en la jornada buscó conectar la realidad del encierro con las dinámicas de reinserción en la sociedad. La jornada incluyó talleres sobre perspectiva de género, gestión del personal y mecanismos de control sobre las unidades. “El objetivo de esta propuesta también era dar cuenta de que se puede pensar una cárcel de manera distinta, que responda efectivamente a que baje la reincidencia y que, por otro lado, dé condiciones dignas de detención”, enfatizó Asprella, quien subrayó que la mirada no debe limitarse al diagnóstico, sino orientarse a construir alternativas operativas.
Asimismo, la referente institucional puntualizó que el fin fundamental de cualquier modificación estructural debe ser garantizar la continuidad pedagógica y laboral para quienes recuperan la libertad. “Buscamos dar cuenta de que se puede pensar una institución en este marco que no sea el infierno, como tiene Santa Fe, por ejemplo, y que entonces nosotras no sólo decimos que no queremos ese tipo de cárcel por lo que viola derechos humanos, sino que además tampoco le resuelve el problema a la gente en términos de inseguridad”, afirmó sobre la efectividad real de las políticas públicas penitenciarias.
Freno a reformas regresivas y respuesta a la sobrepoblación
Uno de los mayores desafíos expuestos en las mesas de diálogo es la crisis estructural por el exceso de capacidad en los neuropsiquiátricos y centros de detención provinciales. “Hoy lo más grave que tiene hoy la cárcel de la Provincia de Buenos Aires es que tiene casi el doble de gente de la que tendría que tener, y eso ya hace que todo lo demás sea muy difícil de realizar”, alertó la directora. Frente a esta problemática, las autoridades ministeriales expresaron durante la apertura la necesidad de reservar la pena privativa de la libertad para delitos graves y buscar alternativas de juzgamiento para contravenciones menores.
Las conclusiones extraídas del trabajo multidisciplinario serán consolidadas en un informe que se elevará al Poder Legislativo y a diversas áreas del Poder Ejecutivo con miras a los próximos debates normativos. “La idea es presentarlo en el ámbito legislativo y en las reparticiones del Ejecutivo también, para que sea una base que puedan utilizar cuando se discutan estos temas, más que nada el año que viene, que es año electoral y probablemente surjan discusiones en torno a esto”, fundamentó Asprella. El propósito central radica en evitar consensos basados en consignas punitivas simplistas que complejicen aún más el escenario carcelario.
“Ese sería uno de los primeros objetivos: no tener reformas regresivas y además, si podemos, tener reformas que sirvan para mejorar la situación”, concluyó Asprella. Para la especialista, integrar al Servicio Penitenciario, a la academia y a los organismos de derechos humanos en una misma mesa resulta ser el único camino viable para construir una política criminal de estado moderna, eficiente y respetuosa de la dignidad humana.
La importancia de la formación democrática del personal
Sergio Vázquez, director de Capacitación y Planificación Educativa del Personal Penitenciario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, tuvo a su cargo la coordinación del taller focalizado en la formación de los agentes. Según explicó el funcionario a Infocielo, la propuesta académica buscó “poner en crisis, debatir y generar propuestas” respecto a las estructuras históricas de la instrucción carcelaria.
Uno de los aspectos más firmes abordados durante las mesas de trabajo de la tarde fue la necesidad de transformar el perfil institucional del personal. “La formación que le damos, ¿tiene que estar así como está ahora o tenemos que entrar en un profundo proceso de desmilitarización?”, planteó Vázquez, al tiempo que remarcó que el consenso de los participantes apuntó decididamente hacia esa reconversión. El debate también abarcó la revisión de los requisitos de ingreso para oficiales y suboficiales, los perfiles del cuerpo docente y la superación de vicios arraigados: “¿Solamente nos tenemos que quedar contentos porque cambiamos el diseño curricular que estudian los cadetes cada tanto o hay otras cosas que tienen que ver con la cultura institucional que todavía perviven más allá del diseño curricular?”, cuestionó.
Asimismo, se hizo hincapié en la necesidad de articular con el sistema universitario para oxigenar la formación de los cadetes e imprimir un perfil respetuoso de las garantías constitucionales. En este sentido, Vázquez destacó una postura firme respecto al perfil que deben asumir las jerarquías dentro del sistema: “Si la cárcel es manejada por personas que tienen mando, pero a su vez tienen ese espíritu democrático, podemos esperar de la cárcel algo mejor”.
Finalmente, el encuentro —de carácter abierto a profesionales de la justicia, el fuero penal y la academia— ratificó la misión última que debe orientar la política carcelaria en la provincia. Si bien se reconoció que el aspecto de seguridad y resguardo es ineludible, se enfatizó la reinserción como norte operativo. “El objetivo fundamental de la cárcel es la inclusión social; la parte asegurativa es fundamental, nadie dice que no, pero si no tiene la inclusión social como objetivo primordial de las personas que trabajan en la cárcel, nunca vamos a tener una cárcel digna”, concluyó Vázquez.
