En el marco de un pedido de recusación por parte de los defensores de la vicepresidenta Cristina Kirchner, la jueza federal María Eugenia Capuchetti decidió correrse de la investigación y delegarla en el fiscal del caso, Carlos Rívolo.
La decisión de la magistrada -criticada por perder material probatorio y no seguir líneas de investigación- se da cuando resta que la Cámara Federal porteña se exprese sobre el pedido de recusación de Cristina Kirchner, y decida si la aparta o no del caso.
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“Encontrándose la recusación ante ese tribunal, debo hallar un remedio procesal que propenda a la mejor administración de justicia y a la validez de los actos que se tomen, en lo sucesivo, con ese norte”, manifestó Capuchetti en un escrito, en el que indicó que “por tal razón habré de delegar la instrucción de la presente causa CFP 2998/2022, sus conexas y legajos de investigación, en la Fiscalía Criminal y Correccional Federal N° 2”.
“Por último, debo señalar que el temperamento aquí escogido de ningún modo implica desconocer la expresa directiva del Superior de proceder, con la premura que el caso impone, a la elevación de la causa a su etapa plenaria”, afirmó además sobre la solicitud de que la causa por el atentado contra la vicepresidenta se eleve a juicio oral, y de ese modo se cierre sobre el autor material y sus dos cómplices, sin indagar sobre el financiamiento o las posibles conexiones.
De esta forma, el fiscal Rívolo tomará las riendas de la investigación a 83 días desde la apertura de la causa, que tiene como procesados a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte; y a Nicolás Gabriel Carrizo y Agustina Díaz en carácter de partícipes secundarios.
En el día de ayer, la vicepresidenta Cristina Kirchner criticó de modo público que la jueza federal tampoco halla investigado los mensajes encontrados en el celular de Gabriel Carrizo, el supuesto dueño de la máquina que hacía copitos de nieve, en los que aseguraba que “mi amigo intentó matar a Cristina” y que se trataba de “un golpe que le dimos al gobierno”.
Los chats fueron encontrados por la Dirección de Asistencia en Investigaciones Penales (DATIP) del Ministerio Público Fiscal y plasmados en un informe incorporado en el expediente a fines del mes pasado; sin embargo, la jueza aún no investigó a quiénes fueron dirigidos.
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