La Comisión Provincial por la Memoria expresó su rechazo ante la orden del juez Fernando Perillo de autorizar el ingreso de personal policial a la Casa de la Madres con el objetivo de inventariar el archivo histórico que alberga documentos de “gran valor para la sociedad toda y las futuras generaciones registrando más de 42 años de la intensa lucha de la Asociación”.
En ese aspecto, remarcaron que “los acervos documentales de los organismos de derechos humanos – muchos de ellos reconocidos por la UNESCO como parte de la Memoria del Mundo – son patrimonio político, social y cultural de nuestra sociedad democrática”.
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“Su preservación implica no solo la protección de los acervos para evitar su ocultamiento y destrucción, sino la no enajenación del patrimonio de quienes lo produjeron, en este caso la Asociación Madres de Plaza de Mayo”, añadieron.
A su vez, señalaron que “no hay fundamento jurídico alguno para que en el marco de una causa judicial civil y comercial, se intente despojar a las Madres de los documentos que registran su historia, y de ninguna manera puede justificarse su expropiación por parte del estado, quien, como responsable de los crímenes perpetrados durante la dictadura, hoy tiene el deber ineludible de reparar a quienes fueron y siguen siendo sus víctimas”.
“No es este el camino, sino por el contrario, es un agravio más, para quienes padecieron el terrorismo de estado”, aseguraron.
Por último, afirmaron: “Exigimos que cese este hostigamiento y se garantice el pleno dominio del Archivo a las Madres, quienes han sido sus constructoras en la larga lucha por la Verdad, la Justicia y la Memoria”.
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