“Que quede bien en claro, el equipo del gobierno nacional está ocupándose de los bonaerenses”, dijo Manuel Adorni al abrir la conferencia. Segundos después Patricia Bullrich detalló el operativo: “vamos a instalar un centro de operaciones en la ciudad de 9 de julio… vamos a desplegar desde vialidad nacional, máquinas para limpieza de zanjas, alcantarillas, aliviadores…”.
La escena fue la que necesita todo Gobierno en “pose”: cámaras, ministros, y un plan operativo narrado en primera persona.
¿Alivio puntual o reacción mediática?
Lo que anuncia Bullrich no está mal: “vamos a desplegar máquinas viales para movimientos de suelos, limpieza de alcantarillas, drenajes y cunetas y algunos puentes” y “habrá un despliegue de fuerzas federales con camiones especiales” —todo eso puede mejorar la transitabilidad y ayudar a gente aislada— pero la pregunta sigue siendo otra: ¿por qué el operativo llega ahora y no antes?
Tal como señalaron productores y dirigentes rurales, la problemática viene de meses y no es sólo una crecida de temporada.
La data que incomoda: obras frenadas y dinero en plazo fijo
El punto clave es la continuidad de obras de fondo. El Plan Maestro del Río Salado fue “frenado en diciembre de 2023” y, según relevamientos, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) registra más de cinco millones de hectáreas afectadas.
Además, un informe administrativo admitió que el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (FFIH) no financió obras: al cierre de julio de 2025, el fondo tenía 19.000 millones de pesos en cuenta y otros $154.000 millones “en inversiones a plazo fijo y LECAPS”.
Esa decisión financiera —dejar la plata en plazo fijo para que “dé réditos” en vez de usarla para obras— explica buena parte del malestar.
Choque de responsabilidades: Nación, Provincia, municipios
Bullrich lo puso en términos administrativos: hay “problemas entre intendencias que no tienen capacidad de gestión sobre los caminos o las rutas provinciales” y, según el Gobierno, “no sabemos quién se hace cargo”.
Adorni fue más enfático: el Estado nacional “se va a hacer cargo de esta emergencia”. El cruce político es evidente: el Ejecutivo nacional anuncia ayuda mientras desliza que la Provincia y los intendentes no coordinan. La otra lectura es que, en la práctica, muchas obras hidráulicas y ordenamiento de cauces requieren planificación y ejecución cuando el terreno está seco —no son soluciones de emergencia que se puedan completar en un par de días.
Qué harán y qué no: alcance real del anuncio
Bullrich prometió establecer “un centro de operaciones en 9 de julio”, enviar “personal operativo”, máquinas para zanjas y equipos del Estado Mayor Conjunto.
También dijo que “el agua no la vamos a poder sacar en los campos inundados, pero sí las vías de tránsito” para que nadie quede aislado.
Es cierto: limpiar alcantarillas, abrir caminos y poner piedras en puntos críticos alivia la circulación y evita aislamiento de poblaciones. No obstante, no repara el déficit estructural del Salado ni revierte obras neutralizadas o rescindidas: según los datos que circulan, hay tramos detenidos y etapas con porcentajes de obra inconclusos.
Asistencia necesaria, explicación insuficiente
La ayuda que anuncia el Gobierno puede reducir el daño inmediato: “vamos a ayudar a la gente”, dijo Bullrich, y en términos humanos es lo mínimo esperable. Ahora bien: que el mismo Ejecutivo haya priorizado colocar recursos del fondo hídrico en inversiones financieras y haya paralizado partes del Plan Maestro del Salado explica el escepticismo de productores, intendentes y técnicos.
La nueva y contradictoria narrativa dominante actual —“el Estado nacional está al lado de la gente”— choca con decisiones previas que dejaron obras en pausa y millones en plazo fijo. Y queda la sensación de que la reacción llegó cuando la televisión y los reclamos hicieron visible lo que venía ocurriendo desde hace meses.
