Los Intendentes bonaerenses, peronistas y del interior, junto a la ONG CEPIS (Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad) presentó un recurso de amparo para impugnar los aumentos de electricidad que el gobierno bonaerense autorizó para las distribuidoras EDELAP, EDEA, EDEN, EDES y las 200 cooperativas que actúan en territorio provincial.
En concreto, se busca que la Justicia declare nulas las resoluciones 1/2019 y 39/2019 del OCEBA y 186/19 del Ministerio de Infraestructura, que dispuso incrementos tarifarios que ya acumulan más de 5 mil por ciento en algunos casos, desde 2015 y que afectan a dos millones de usuarios de toda la Provincia.
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La presentación fue encabezada por el intendente de Esteban Echeverría y presidente del PJ Bonaerense, Fernando Gray, el titular del CEPIS, Mariano Lovelli, y los intendentes Osvaldo Caffaro (Zárate), Aníbal Regueiro (Presidente Perón), Hernán Izurieta (Punta Indio), Santiago Maggiotti (Navarro); el presidente del ADDUC, Osvaldo Bassano; el Senador Provincial Darío Díaz Pérez y el Diputado Provincial Julio Pereyra, entre otros.
“En el mundo se destina el 20% de los ingresos para comprar una casa, acá destinamos el 20% de los ingresos para pagar los servicios y no tenemos respuesta de la nación ni de la provincia, es irrazonable”, afirmaron en la conferencia, donde también aseguraron estar “en la línea de la convicción de seguir con estas instancias judiciales con firmeza, con la convicción que estamos defendiendo lo que corresponde”.
La medida, que se presenta en el fuero contencioso administrativo bonaerense, demanda que la Provincia “se abstenga de trasladar a las y los usuarios del servicio público de electricidad de la provincia de Buenos Aires, el nuevo cuadro tarifario aprobado”, toda vez que, observa, carecen de “motivación suficiente”, incurren en “falta de razonabilidad” y, además incumplen el procedimiento constitucional de oír a la ciudadanía a una audiencia pública, lo que deriva en “falta de información pública y participación ciudadana”.
Una parte central de la presentación radica en la objeción del concepto ICT (Incremento de Costos Tarifarios), que habilitó mediante resolución el gobierno de María Eugenia Vidal para asegurar la rentabilidad previa a la devaluación de las distribuidoras eléctricas. Los demandantes consideran que se trata de un cargo “completamente irracional y va en contra de las leyes vigentes”.
Se decidió “trasladar a los usuarios los incrementos derivados de la devaluación de la moneda y del proceso inflacionario que el propio Estado generó, toleró o no pudo evitar. Y lo hace respecto de consumos ya facturados, emitidos, vencidos y cancelados por la población”, argumenta la demanda, que considera que la “compensación” incluye consumos ya facturados y abonados por los usuarios.
En el cálculo de los demandantes, las subas del servicio eléctrico son siderales: en el caso de EDELAP, acumulan 5.700 por ciento desde 2015. Para el conjunto de las empresas del interior, llega a 2600 por ciento.
Esto hace que una familia tipo que consume hasta 300 KWh en la ciudad de La Plata haya pasado de una factura de $ 46 en diciembre de 2015 a una de $ 2696 en febrero de 2019. El ingreso, correlato indispensable para esa ecuación, sólo aumentó 112% promedio. El tercer dato, que le da el cierre al análisis, es la rentabilidad de las distribuidoras, que se multiplicó 13 veces en el mismo lapso de tiempo.
Esa información, detallaron, se desprende de los estados contables informados por Desarrollos Energéticos S.A -controlante de EDELAP, EDEA, EDES, y EDEN. “La principal empresa concesionaria multiplicó sus ingresos entre 2016 y 2018 por once. Y, en el mismo período, incrementó trece veces su resultado operativo”, se lee en la demanda.
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