La reciente designación de una joven llamada Geraldine Calvella de tan solo 23 años, y militante libertaria de la séptima sección electoral bonaerense desde su Saladillo natal, en un cargo clave dentro del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) está desatando una ola de controversia en las redes sociales.
La implicada, cuya experiencia previa se limita a un breve paso por la política, fiscalizando para LLA en las últimas elecciones, fue catapultada al frente de la Dirección de Fiscalización de Centros de Documentación, una posición de considerable responsabilidad y con un salario que causó revuelo.
JEFE DE FISCALES EN SALADILLO Y LA 7MA
Su antecedente más trascendente fue ser la encargada de la organización del espacio libertario en cada uno de los 8 municipios de la 7ma sección para la fiscalización en las convocatorias electorales de 2023.
La joven, de quien se están filtrando fotos personales, tiene una trayectoria académica y profesional que suscita dudas entre el público. Su perfil en LinkedIn revela un historial de estudios universitarios inconclusos y un único rol como “asesora política”. Este bagaje, aparentemente escaso para el puesto que ahora ocupa, es uno de los principales focos de las críticas.
El debate se intensificó cuando se filtró en las redes sociales el sueldo, mostrando una cifra que supera los dos millones de pesos.
CASI 3 MILLONES A LA JOVEN MILITANTE
Según trascendió en redes sociales, fue designada al frente de una Dirección en el RENAPER el 15 de enero, con un sueldo bruto de 2.732.002,60 pesos: una imagen de su recibo de sueldo se viralizó, para desatar la polémica y los cuestionamientos al presidente Javier Milei por el nombramiento de militantes en la estructura gubernamental.
Este hecho puso en tela de juicio la coherencia de las acciones del presidente, quien está siendo criticado por nombrar jóvenes militantes en puestos gubernamentales, a pesar de sus declaraciones previas contra la práctica de usar el estado como refugio de activistas.
La situación llevó a la joven Geraldine a restringir el acceso a sus perfiles en redes sociales, en un intento de esquivar el escrutinio público. Este caso reaviva el debate sobre la idoneidad y la transparencia en la designación de cargos públicos, y pone de manifiesto la tensión existente entre las promesas políticas y la realidad de las decisiones gubernamentales.
