Ya en 2015, antes de que ganara la elección en la Provincia y en la Nación, había polémica por los recursos con los que Cambiemos financiaba sus campañas electorales. Los escandalosos contratos con la productora fundada por Fernando Niembro y la “pauta fantasma” no hicieron, sin embargo, mella en el entusiasmo de sus votantes.
Hoy, tres años después, las denuncias vuelven a arreciar, pero con un tinte más sádico: ya no son pequeños medios los que se usan para “blanquear” pauta, sino aportantes particulares, beneficiarios de planes sociales y militantes que, juran y perjuran, nunca pusieron un peso para “la causa”.
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El primer antecedente tiene que ver con la contratación de La Usina Producciones, fundada por Fernando Niembro, que fue contratada de urgencia para realizar encuestas por 24 millones de pesos. Tras un prematuro sobreseimiento, el comentarista deportivo, que era candidato a primer diputado nacional por Buenos Aires, todavía le debe explicaciones a la justicia por el tema.
Distintos estudios sostienen que el contrato de 24 millones significó para su productora utilidades netas por 19 millones, con lo cual queda expuesta la sospecha de sobreprecios y una pregunta queda flotando en el aire: ¿qué pagaban exactamente esos contratos?
Cuando todavía resonaban los ecos del NiembroGate, y todavía antes de la elección general, surgió un nuevo escándalo. Distintos medios de comunicación de todo el país aparecieron en la lista de distribución de pauta oficial del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de que no habían cobrado nunca un peso. El propio Mauricio Macri se justificó con una frase que lo acompaño para siempre: “fue un error de carga”, dijo, para esquivar la responsabilidad.
El escándalo devino en denuncia penal: el titular de la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal N°6, Federico Delgado, abrió una investigación por “presuntas irregularidades en la contratación de los proveedores publicitarios, la distribución de la pauta y la publicación de la información oficial al respecto en el sitio web del GCBA”.
De esos escándalos surgió el procesamiento de Pablo Gaytan, Secretario de Comunicación Social de CABA, sospechado de ser el “contador” de la campaña de Cambiemos, junto a quien resultó a la postre nombrado como Ministro de Infraestructura dentro del Gabinete de María Eugenia Vidal, Edgardo Cenzón. Gaytán también cobró: quedó a cargo de la estratégica subsecretaría de Servicios Públicos.
A pesar del escándalo que cargaban sobre sus espaldas, ambos funcionarios se desempeñaron durante meses sin transpirar. Cenzón dejó el cargo a fines de 2016, para dejarle su lugar a Roberto Gigante, en tanto que Gaytán renunció en diciembre de 2017.
Los escándalos no terminaron ahí. Ahora, la lupa está puesta en una lista de supuestos “aportantes truchos” a la campaña de 2017, entre los que figuran beneficiarios de planes sociales, que, por su condición económica, no estarían en condiciones de hacer aportes a la causa oficialista. Hasta ahora se habla de unos 500 casos.
En ese contexto se abrieron tres investigaciones judiciales. La primera está a cargo del fiscal Jorge Di Lello, especializado en temas electorales, e indaga posibles irregularidades en la recaudación de dinero para la última campaña electoral.
La segunda causa trabaja en el falso aporte de 500 personas que son beneficiarias de planes sociales “Argentina Trabaja y “Ellas Hacen” en el Conurbano Bonaerense. Los implicados negaron haber aportado entre 300 y 1500 pesos en la campaña y ser afiliados a Cambiemos, como figura en las actas.
Una tercera denuncia, presentada en La Plata durante la semana pasada, le apunta directamente a María Eugenia Vidal, como presidenta del PRO Bonaerense, y a funcionarios de la primera línea, como el Jefe de Gabinete, Federico Salvai, o la actual Contadora General de la Provincia, María Fernanda Inza, responsables, a distinto nivel, de la campaña de 2017.
En las últimas horas surgieron más casos, pero esta vez involucrando a dirigentes y candidatos del oficialismo.
Uno de ellos se dio en Monte Hermoso, donde Julio Coñen salió a desmentir haber desembolsado 38 mil pesos. “No hice el aporte de 38 mil pesos que figura. Como yo hay un montón de personas que están involucradas; tomaron la lista de candidatos de 2015”, denunció esta mañana en diálogo con Radio Altos.
Atrás en el tiempo, el candidato a intendente por Pehuajó, Jorge Más, tuvo que desmentir un aporte de 50 mil pesos. “Aquí tomaron los datos que presentamos para ser autorizados por la Justicia electoral para confeccionar las boletas y nos hicieron figurar como aportantes”, denunció Más, que recurrió a la Justicia para que dilucide la cuestión.
También surgieron casos en General Villegas, como el de Martín Micucci, que negó haber destinado 50 mil pesos a la campaña y habló de una “estafa” que puede llegar a los 60 millones de pesos.
Es que los aportes van escalados en desembolsos de 50 mil pesos, 38 mil pesos, 32 mil pesos y 16 mil pesos, en proporción con la jerarquía del cargo por el cual compitieron, lo cual revela un esquema preestablecido cuyo origen la justicia ahora se prepara para investigar.
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