La Procuración General del Tesoro que lidera Carlos Zanini presentó el escrito para pedir que se revoque el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el que ordenó restituirle un porcentaje de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. Los argumentos giran en torno al prejuzgamiento y la arbitrariedad de los magistrados por lo que también solicitó que se los aparte. ¿Qué dice el documento?
El pedido de revocatoria consta de dos partes. La primera está dedicada a explicar por qué es válido el recurso con el que el gobierno nacional pretende dejar sin efecto la medida cautelar. La segunda se enfoca en señalar los motivos por los cuales se considera equivocada la decisión de la Corte, pero, a fin de cuentas, ambas partes están vinculadas estrechamente.
TE PUEDE INTERESAR
En síntesis, Zanini solicita impugnar a los jueces “a los fines de salvaguardar una revisión objetiva e imparcial” del conflicto. Es que, según él, los magistrados dictaron una medida cautelar incurriendo en un “evidente anticipo de la decisión de fondo por haber adelantado y fijado criterios”. Este “prejuzgamiento” va en contra de la Ley de medidas cautelares y de la jurisprudencia de la propia Corte.
Más adelante, el procurador marcó los prejuicios que genera el fallo en el resto de las provincias a pesar de que los jueces habían dicho que la cautelar no afecta a otras jurisdicciones. “Es evidente que la detracción de recursos a la Nación -de su parte de la coparticipación-, para su reasignación a la Ciudad más allá del nivel real de los gastos correspondientes a los servicios de seguridad transferidos, afectará el nivel de inversiones que la Nación realiza en obras, bienes y servicios destinados a todo el país“, reza el escrito firmado por Zanini.
Citando leyes y convenios, el gobierno recuerda que el Decreto firmado en 2016 que asignó los recursos a la Ciudad de Buenos Aires nunca pasó por el Congreso de la Nación mientras que el reparto actual (previo a la cautelar) sí. En este punto,advierte que la Corte “decide en contra de la ley y de lo dispuesto por mandato constitucional” y que “ha sustituido a los otros Poderes del Gobierno Federal, adoptando una decisión de mérito que excede sus competencias”.
Para finalizar, la Procuración señaló que la Ciudad de Buenos Aires no acreditó “la existencia de perjuicios graves, de imposible reparación ulterior en caso que no fuera concedida la cautelar”. De hecho, el gobierno porteño puso en práctica un impuesto para recaudar los fondos que dejó de percibir en 2020. La Corte, por su parte, tampoco explicó debidamente porqué hay que restituirle el 2,95% al Estado porteño. “No existe informe documentado en las presentes actuaciones, ni pericia producida -en esta etapa preliminar- que justifique la concesión de tal coeficiente”, concluye la presentación hecha por el gobierno nacional.
TE PUEDE INTERESAR
