En un comunicado, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio presentó este lunes su propia propuesta para reformar el Consejo de la Magistratura, el organismo que selecciona y sanciona a los jueces, y solicitaron que sea presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti.
De esta forma, la oposición pretende volver al esquema de 2006, antes de la reforma que le quitó su lugar en el Consejo de la Magistratura a la Corte Suprema. La iniciativa fue impulsada por los jefes del PRO, la Coalición Cívica y los radicales, luego de que las distintas facciones de Juntos no lograsen un consenso al respecto.
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Además, la propuesta de Juntos se dio en el marco del veto que la Corte Suprema realizó en diciembre pasado a la reforma judicial sancionada en 2006, en la que por impulso de la entonces senadora Cristina Fernández se redujo la composición de los miembros del Consejo de la Magistratura.
La Corte, en su fallo de diciembre, le otorgó además un plazo de 4 meses para que se lleve a cabo una nueva reforma del Consejo, o que este vuelva a estar compuesto igual que hace 15 años atrás.
En esa oportunidad, el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, declaró que “el fallo de la Corte pone en riesgo el funcionamiento del Poder Judicial porque puede implicar la parálisis de las designaciones de jueces, de la administración del Poder Judicial y de las sanciones a jueces. La Corte le dio un golpe a las instituciones democráticas sin precedentes”.
Ahora, frente al plazo impuesto, el Gobierno nacional envió un proyecto al Senado que aún no reúne los votos necesarios, y por ello desde la oposición de Juntos presentaron su propuesta.
En esa línea, desde Juntos afirmaron en su comunicado que las reformas del kirchnerismo “han sido declaradas inconstitucionales por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por no respetar las pautas que establece la Constitución”, y pidieron “respetar cabalmente la opinión de nuestro máximo tribunal en punto al equilibrio que debe existir entre los diferentes estamentos”.
“En ese sentido, resulta conveniente adoptar la composición de la ley 24.937 que no ha merecido objeción alguna. La presidencia del Consejo por parte del presidente de la Corte Suprema facilitará la integración del órgano dentro del ámbito del Poder Judicial, allanará dificultades para la administración y le otorgará mayor previsibilidad al desenvolvimiento del Consejo”, señalaron.
¿Qué plantea Juntos para el Consejo de la Magistratura?
Luego de hacer un repaso del devenir de las reformas al Consejo de la Magistratura introducidas en los últimos quince años, y pedir que el presidente de la Corte presida también el Consejo, Juntos publicó una serie de criterios que a su juicio debería incorporar una nueva reforma:
- Se debe asegurar la representación igualitaria en materia de género y la representación federal de los estamentos. Cada estamento debería ser elegido directamente por quienes van a ser representados y, en cuanto a los legisladores, se podría contemplar la opción de designar juristas que cumplan los requisitos pertinentes.
- La prohibición de reelección, dejando pasar un período, permitiría una mayor alternancia.
- Respecto del régimen de concursos hay que encontrar los caminos para hacerlos más expeditos, más eficientes y mucho más transparentes. En ese sentido debería analizarse la posibilidad de efectuar concursos anticipados, para que ya existan postulantes calificados cuando se producen nuevas vacantes, y limitar las facultades del Consejo para alterar el órden de mérito en relación a los resultados obtenidos en la prueba de oposición y respecto de la valoración de los antecedentes.
- Con relación a las facultades disciplinarias, no es admisible la existencia de investigaciones abiertas por largo tiempo sin definición, pues ello afecta sin dudas a la independencia del magistrado investigado. Se postula que se fije un plazo razonable para concluir la investigación, y la suspensión automática del juez que tenga un procesamiento firme en doble instancia.
- El Consejo tiene que ejercer con firmeza sus facultades de control de la gestión judicial. Es preciso contar con estadísticas genuinas que permitan evaluar el desempeño de los tribunales y analizar medidas para mejorarlo. Las auditorías permanentes pueden contribuir también en la misma dirección. Los jueces deben actualizar sus conocimientos y capacidades. La escuela judicial del Consejo tendría que elaborar programas en ese sentido, de cumplimiento obligatorio.
- Corresponde que el Consejo de la Magistratura sea sometido al control de la Auditoría General de la Nación y la ejecución de su presupuesto no tiene que sufrir entorpecimientos ni discriminaciones por parte del Poder Ejecutivo.
Por último, denunciaron al gobierno nacional de menoscabar la “independencia atacando insistentemente a los tribunales que no deciden de acuerdo sus deseos”, e indicaron que acompañarán “aquellas iniciativas de reforma al Consejo de la Magistratura que aseguren esos principios”.
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