Más allá de la discusión en torno a la herencia, habitual puja en tiempos de recambio, la actual transición alumbró una nueva polémica: la tozudez de funcionarios designados por la gestión de Cambiemos, que resisten en su cargo. El propio Kicillof cuestionó en la semana a dirigentes “atornillados” en sus despachos, en implícita –aunque evidente- referencia a Jorge Macri, a quien después ordenó remover del Grupo Bapro.
La permanencia de funcionarios macristas o designados por la gestión de Cambiemos que conservan el cargo tiene, sin embargo, otra rara categoría: la de los que quieren irse, pero no pueden. Se trata de funcionarios que presentaron su renuncia frente al inminente cambio de gestión, pero siguen legalmente con el cargo porque el Gobierno actual aún no designó a sucesores. Una extraña calificación de funcionarios idos, aunque atornillados por la actual gestión mientras no se integre el Directorio que acepte las salidas.
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No se trata sólo de nombres. En algunos casos, la situación empieza a resentir la prestación de servicios básicos que requieren de decisiones de un Directorio inexistente. En Provincia de Buenos Aires el caso más emblemático es el de ABSA. La empresa pública de gestión compartida con los trabajadores que brinda el servicio de agua potable y cloacas.
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Dos meses después del recambio de gestión aún no se designó autoridades. La gestionan, a medias, implorando la firma de los renunciados. Una combinación por cierto complicada para garantizar el normal funcionamiento de una empresa clave que atiende un servicio esencial. Autoridades renunciadas, sin ganas ni compromiso y con nulo poder de decisión, firmando algunas resoluciones para salvaguardar la formalidad de algunos procedimientos administrativos necesarios en términos operativos.
Un ejemplo de los malabares de la gestión frente a la incertidumbre se vivió un par de semanas después del recambio. Un representante del socio minoritario de la firma, SOSBA, tuvo que llamar al presidente saliente, Raffaele Sardella, para firmar la compra de bidones de cloro. Un insumo elemental para la potabilización del agua que distribuye la firma.
Sardella no fue un funcionario más de la gestión de Vidal en la Provincia. Su caso evidenció, de manera desvergonzada, la predisposición de Cambiemos de llenar casilleros de gestión con gerentes propios. Fue director del Correo privado en manos del emporio de la familia Macri, y un hombre de confianza histórica con el jefe del clan, el fallecido Franco Macri, para quien trabajó en Sideco. Una nota periodística del diario Página 12 de 2017, firmada por Martín Granovsky, demostró cómo el por entonces -¿y todavía?- titular de ABSA, dividía sus días entre su despacho en la empresa Aguas Bonaerenses Sociedad del Estado, y una oficina propia en el edificio porteño de Socma, la emblemática firma de la familia Macri. Un claro ejemplo del estilo macrista de gestión pública, que no se transformó en escándalo por obra y gracia de la cobertura mediática de la que gozó y sigue disfrutando el gobierno anterior.
ABSA no es una empresa más del Estado. Es la encargada de brindar un servicio básico en 79 localidades y 52 municipios de la Provincia de Buenos Aires, con cerca de 800 mil usuarios. Hablando de agua, parece mucho barco para navegar sin timón o con capitán prestado.
La falta de integración de su directorio le impide avanzar en licitaciones importantes que requieren de mucho más que una simple firma de un funcionario renunciado con estrechos vínculos con la gestión anterior. Son decisiones grandes, como procesos licitatorios, que demandan aprobación del cuerpo.
Por cuestiones administrativas el presidente renunciado no puede abandonar la gestión hasta que se designe su relevo. No viene, pero firma. Y cobra sueldo. En idéntica situación estaría el vicepresidente y Gerente General Luis Bouzón, quien comparte pasado (lejano y reciente) junto a Sardella en la conducción del correo privatizado en manos del macrismo, y oficinas en Socma. Lo que no tiene la empresa hoy es Directorio. Todo lo que requiera de la aprobación de ese cuerpo, permanece trabado.
En las necesidades se mezclan cuestiones importantes, con resortes menores que también redundan en el sano y eficiente manejo del servicio.
Todo lo que produce la Planta Punta Lara llega a la Usina Bosque, que distribuye con cuatro bombas el servicio a toda la capital de la Provincia. Una de ellas está fuera de servicio. Su costo excede la determinación de un funcionario y requiere firma del directorio. Funciona renga, con sólo 3 bombas.
En la semana que termina la usina sufrió, como gran parte de la ciudad, el pésimo servicio de distribución eléctrica que presta Edelap. En procesos normales el presidente de ABSA se comunica con el CEO de la distribuidora energética para exigirle la instalación de generadores en la zona afectada. Nadie tiene ni siquiera esa mínima llave para salvar problemas ajenos que resienten el servicio propio. El resultado se vio reflejado en la crónica de los portales y diarios esta semana: a las quejas por el apagón en amplias zonas de la ciudad, se sumó el reclamo por la falta del suministro de agua en La Plata producido por cortes de luz en la planta distribuidora de ABSA.
Las partidas de cloro y de sulfato, insumos elementales para la prestación del servicio, se adquieren a cuenta gotas. En grandes cantidades la compra requiere abrir procesos licitatorios, con firma de directorio. Imposible. En la situación actual, hay que arreglarse dosificando esas provisiones por debajo del monto que obliga licitar. Por bidones.
No se trata de males nuevos, ni que se puedan asociar a la actual gestión. Históricamente el servicio de Agua y Cloacas en la Provincia no pareció ser prioritario en gobiernos anteriores. Existe, de hecho, un boceto serio de plan estratégico elaborado por el sindicato del sector, con expertos de la Universidad Nacional de La Plata, que descansa cajoneado hace años.
En la semana que termina hubo reuniones con delegados del Gobierno para tratar esta cuestión. No hubo más avances que la promesa de resolver, más temprano que tarde, el nudo que compromete la gestión. En el Ejecutivo manejan con obsesiva discreción la ruleta de nombres. Es un salvo conducto para evitar filtraciones, pero alienta operaciones que ya circularon regando nombres que no cuentan con aval oficial. La próxima semana, recién –aseguran- podría haber novedades. Antes de que el agua, que está llegando al hombro de la empresa, le llegue finalmente al cuello.
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