El gobierno de la provincia de Buenos Aires renovó esta semana la suspensión de la “resolución del veneno”, como se le conoce entre los ambientalistas a la normativa impulsada por el CEO de Monsanto y ex ministro de Desarrollo Agrario bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal, Leonardo Sarquis, que determinó la posibilidad de fumigar con agroquímicos en las denominadas zonas de amortiguamiento.
Según la Resolución 246 del 17 de octubre de 2018, la Provincia habilitó el uso y aplicación de productos fitosanitarios en los lotes contiguos al área urbana, zona residencial extraurbana, área de población dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo, establecimientos educativos, áreas de esparcimiento y reservas naturales, bajo la metodología de las Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA).
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La normativa entraría en vigencia el 1 de enero de 2019, aunque el propio gobierno de María Eugenia Vidal terminó por suspenderla ante la presión de las organizaciones ambientales, y frente a una importante cantidad de evidencias sobre la peligrosidad ambiental que la misma conllevaría.
Cuando Axel Kicillof asumió al mando de la Provincia, en lugar de derogar la polémica resolución, continuó prorrogando su suspensión con el objetivo de elaborar un marco técnico científico, a fin de alcanzar con información detallada los consensos necesarios para una reforma de la ley de agroquímicos que rige en el territorio bonaerense.
Asuntos agrarios
Para ello, el ministerio de Desarrollo Agrario que conduce Javier Rodríguez creó el Observatorio Técnico de Agroquímicos (OTA), el cual cuenta con más de 500 documentos científicos y “una síntesis publicada que hoy es insumo para la discusión”, según las palabras del ministro durante su exposición en la Comisión de Asuntos Agrarios de la Cámara de Diputados bonaerense del pasado jueves.
“Cuando llegó al ministerio no tenía ningún tipo de información para la toma de decisiones, creó el Observatorio, convocó a los sectores científicos, tecnológicos, académicos para armar una base de información, que está colgada en la página y que ha servido para puntos de acuerdo básicos para ordenanzas que se han sancionado”, contó a INFOCIELO el presidente de la comisión agraria en la Cámara baja, el diputado oficialista Walter Abarca sobre la exposición de Javier Rodríguez.
La cuestión que busca resolver el Gobierno bonaerense se centra sobre el uso de agroquímicos y, en especial, sobre la diversidad de criterios al momento de su aplicación respecto de las zonas de amortiguamiento y de exclusión; es decir, cuántos metros se deberían respetar al momento de fumigar con un producto fitosanitario.
En tanto que ante la falta de una regulación unificada a nivel provincial, han sido los municipios e incluso el Poder Judicial a través de los fallos de sus jueces los que han reglamentado desordenadamente en la materia.
Se trata de un problema mayúsculo para el gobierno de Axel Kicillof si se tienen en cuenta la cantidad de intereses productivos y comerciales que colisionan sobre los derechos ambientales y de la salud de los y las bonaerenses, el cual terminó por procrastinar por quinta vez con la renovación una vez más de la suspensión de la resolución de Vidal.
Todo lo técnico es político
La creación de OTA ha sido un paso adelante para visibilizar las prácticas de utilización de agroquímicos y sistematizar las investigaciones académicas argentinas sobre el impacto ambiental y en la salud de las personas que provoca el uso intensivo de éstos. Desde su creación en febrero de 2020 ha recopilado innumerables documentos científicos que permiten, al decir del ministro Rodríguez, obtener valiosa información para la toma de decisiones.
El tipo de cultivos, la extensión de los mismos, el modo y la metodología de aplicación de los plaguicidas, la manipulación del instrumental, la presión de pulverización, la dosificación y el tipo de tratamiento de los envases vacíos, son por ejemplo solo algunos de los aspectos que analizó el OTA en su exhaustiva síntesis técnico científica sobre los causantes de la deriva, esto es aquellas gotas de agroquímicos que no llegan al blanco, con el fin de disminuir el porcentaje de error.
Respecto del impacto en la salud y el ambiente, el OTA diseminó que las frutas y verduras compradas en comercios de la ciudad de La Plata tenían plaguicidas prohibidos; así como se encontraron agroquímicos en muestras de agua y suelo de 15 escuelas rurales de Tandil que sin llegar a ser de toxicidad aguda pudieran resultar de toxicidad crónica, como los efectos de genotoxicidad, es decir “el mayor agente de desórdenes neurodegenerativos, problemas reproductivos y del desarrollo”.
Entre los estudios recopilados, uno de Córdoba concluyó que las aberraciones cromosómicas en los trabajadores rurales tenían mayor frecuencia que en el grupo de referencia, por lo que “pone de manifiesto el riesgo que representa la exposición a plaguicidas para la salud de esta población”.Peor si tiene en cuenta, según otro análisis, que alrededor del 60% de los trabajadores rurales -encuestados en Río Cuarto, Córdoba-, no le presta atención o no sabe utilizar adecuadamente el equipamiento de pulverización según la normativa.
Otro ensayo sobre genotoxicidad en Marcos Juárez observó que la exposición a plaguicidas por inhalación tiene efecto genotóxico en niños. “En su investigación detectaron valores similares de micronúcleos para niños expuestos de residencia a menos de 500 mts de campos de aplicación y entre 500 y 1500 mts, lo que para los autores indica que la exposición por inhalación ocurre a distancias mayores a 500 mts”, expresa el informe del OTA.
En la localidad de Monte Maíz, Córdoba, las investigadores Ávila-Vázquez descubrieron en 2018 que sobre la información obtenida del 62% de su población, la tasa de malformaciones congénitas y abortos espontáneos más que duplicó a la media nacional por la exposición a agroquímicos.
Un nuevo estudio indicó además que los neonatos nacidos en zonas rurales presentaron circunferencia del cráneo más grande que los neonatos de zonas urbanas, “en neonatos en cuya residencia materna existió uso doméstico de plaguicidas respecto de donde no existió este uso, y en neonatos cuyo primer trimestre de desarrollo embrionario ocurrió durante el período de aplicación de organofosforados.”
“Se observa un mayor peso de la placenta en mujeres embarazadas de zonas rurales respecto de mujeres embarazadas de zonas urbanas. También una relación entre peso de placenta/peso de neonato mayor en casos de zonas rurales respecto de casos de zonas urbanas”, prosiguen la gran cantidad de documentación sistematizada.
“La evaluación conducida sobre grupos de embarazadas consideradas expuestas a plaguicidas debido a su residencia en las cercanías de cultivo en el Alto Valle de Río Negro, observaron complicaciones durante el embarazo, como rotura prematura de membranas, nacimientos prematuros y retrasos del crecimiento intrauterino”, afirma otra investigación.
En suma, el OTA recopiló información ya existente dotándole de peso político. Las “Buenas Prácticas” que enunció Juntos por el Cambio en 2018 y que desde el OTA buscan sistematizar, son imprescindibles para reducir los riesgos, pero no anulan el impacto sobre el ambiente y la vida y la salud de las personas.
El debate en ciernes
La nueva prórroga que dispuso la Provincia sobre la suspensión de la resolución de Vidal, es tan solo por otros 45 días. Por lo que se supone que el gobierno de Axel Kicillof presentará un proyecto de máxima para resolver este importante conflicto hacia el último trimestre del año, una “hoja de ruta” como indicó el ministro de Desarrollo Agrario.
En esa dirección, el Gobierno bonaerense intentará crear un consenso que le permita establecer prácticas de uso y aplicación de agroquímicos para la reducción de riesgos, y una delimitación a priori por metraje de las zonas en las que se podrá utilizar los mismos. Asimismo, no se trataría de una única reglamentación, sino que la misma estaría discernida contemplando cada región agrícola de la provincia de Buenos Aires.
“En algún momento se pensó que este problema se podía esconder debajo de la alfombra, por eso es fundamental que todos tengamos puesta la camiseta de encarar un debate serio”, profirió el ministro Rodríguez en la pasada sesión del jueves en Diputados.
El intendente de Pergamino, Javier Martínez, recogió el guante y aseguró que ya estaban dadas las condiciones para dar el debate. “Siempre estuvieron dadas las condiciones para discutir una ley de agroquímicos y no es cierto que antes no había información técnica en el ministerio”, manifestó en redes sociales tras la exposición del ministro en la Cámara baja.
Consultado por INFOCIELO, el jefe comunal de Juntos contó la experiencia de las prácticas utilizadas en su municipio, sobre el cual pesa una de las más relevantes resoluciones judiciales. “Hicimos un convenio con Aapresid, certificamos normas ISO, con todo un sistema de georreferenciación de los lotes que están en el (área) peri-urbana; y la verdad, con ese tipo de sistema el control es mucho más eficiente que cualquier metraje que pongas. Hoy la tecnología y la ciencia te permite trabajarlo muy bien”, expresó Martínez.
“Estamos con ganas de presentar un proyecto que refleje nuestra experiencia que ha sido buena, y que entendemos que acá vale muchos más la tecnología, la aplicación y el control de la receta agronómica que cualquier tipo de metraje. Hay que dar la discusión en el tema y fijar parámetros objetivos para toda la provincia”, añadió.
El caso de Pergamino es emblemático porque ante la ausencia de una normativa unificada fue el Poder Judicial el que terminó por dictar una zona de exclusión de 1.095 metros del límite urbano. Por ello, en una de las regiones más fértiles del país, el intendente Martínez se queja de que existen en su ciudad 5 mil hectáreas sin producir por ese fallo, el cual “perjudica a los vecinos de Pergamino en beneficio de los vecinos de otro lado”, aseguró a este medio.
Al respecto, el abogado especialista en derecho ambiental e integrante de la Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología (RENAMA), Juan Pereyra, especificó a INFOCIELO que el fallo del juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, que aplicó en Pergamino se basó en un estudio de la doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad de Río Cuarto, Delia Aiassa, sobre la exposición genotóxica de los niños de Marco Juárez, a la vez que comprobó que sobre los demandantes pergaminenses circulaba agroquímicos tóxicos como el glisfosato a niveles 100 veces superiores que las personas no expuestas a los plaguicidas.
El modelo, esa es la cuestión
“Los habitantes de la Provincia tienen el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de las generaciones futuras”, establece el artículo 28 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, la principal productora de soja de Argentina, el tercer exportador de ese grano del mundo.
Se trata de solo uno de los tantos elementos que el andamiaje jurídico argentino tiene en materia de protección del ambiente y la salud de los argentinos. En ese sentido, los jueces parecen tener mayor herramientas para reglamentar las prácticas agropecuarias de uso intensivo de agroquímicos que el Poder Ejecutivo; la ley de agroquímicos bonaerense data de 1988, ocho años antes de la introducción de la soja transgénica al país.
De nuestras leyes se desprende, por ejemplo, que cualquier actividad peligrosa para el ambiente, debe contar con una evaluación de impacto ambiental. En el plano concreto, el abogado de RENAMA explica la disociación argentina del siguiente modo: “Quiero fabricar plaguicidas, tengo que poner la fábrica en una zona autorizada territorialmente, presentar un estudio de impacto ambiental y pedir que el Estado autorice a través del ADA, el Ministerio de Ambiente”; mas, el uso y aplicación de los mismos no solicita ningún menester.
Y sostiene: “La Provincia con OTA constata las graves consecuencias que genera el modelo, pero al mismo tiempo no avanza en establecer medidas de seguridad para las víctimas.”
Lo cierto es que la evidencia sobre las graves consecuencias que conlleva el uso intensivo de agrotóxicos se han acumulado a lo largo de los últimos 26 años, en el que las fuerzas políticas predominantes han visto en este modelo agropecuario una herramienta de “crecimiento” de Argentina. La actual coyuntura de un país sobre endeudado y con las principales organizaciones de productores en pié de guerra con el Gobierno por la renta, escala el problema al que se debe enfrentar la Provincia en este nuevo mes y medio de prórroga que determinó.
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