El DNU del Gobierno de Javier Milei en la Ley de Migraciones sumó un fuerte cuestionamiento desde el ámbito del derecho internacional. Fabián Salvioli, expresidente del Comité de Derechos Humanos de la ONU, sostuvo a FM La Cielo que la norma “despliega inconstitucionalidad por todos lados”, advirtió que habilita restricciones arbitrarias a la libertad de expresión y cuestionó la incorporación de nuevas causales para impedir el ingreso o expulsar extranjeros del país.
“Determina tipos penales en blanco”
Uno de los puntos más cuestionados por Salvioli es la modificación de la Ley de Migraciones N° 25.871, que incorpora como causal de inadmisión y expulsión la difusión o incitación de mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino, además de los actos de ultraje a los símbolos patrios.
Para el especialista, el problema radica en que el decreto no define con precisión cuáles son esas conductas, lo que abre la puerta a interpretaciones discrecionales.
“Es un decreto de necesidad y urgencia que modifica una ley. Despliega inconstitucionalidad por todos lados”, afirmó durante una entrevista.
En ese sentido, explicó que la norma “determina tipos penales en blanco”, una figura ampliamente cuestionada por el derecho penal.
“¿Qué es un tipo penal en blanco? Es cuando se dice: ‘Vamos a meter preso al que se porte mal’. Pero no define qué es portarse mal. Esto genera un grado de arbitrariedad posible tan grande en quien interpreta y aplica esta disposición que es riesgoso; es violatorio desde el punto de vista del derecho a la libertad de expresión y de las garantías constitucionales.”
Para Salvioli, el decreto constituye “más una acción para la tribuna, una sobreactuación” que una respuesta jurídica eficaz.
También rechazó el argumento oficial de que la migración representa una carga para los servicios públicos.
“Si quienes se atienden en los hospitales públicos y son personas extranjeras no llegan al 3% y no hay gasas en los hospitales, la culpa no es de esas personas, es del desfinanciamiento de la salud”, sostuvo.
En la misma línea, defendió el acceso de extranjeros a las universidades nacionales. “La educación es lo mejor que le ha pasado a este país porque ha permitido el cambio social. No le sale más caro al Estado que yo le dé clases a diez argentinos o a diez argentinos y cinco extranjeros. Son bombas de humo que distraen el debate en serio que hay que dar”, afirmó.
Qué dijo sobre la presentación de Cristina Kirchner ante la ONU
Durante la entrevista, Salvioli también analizó la decisión de Cristina Kirchner de recurrir al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que revise la condena dictada en la causa Vialidad.
En ese punto, tomó distancia de la doctrina fijada por la Corte Suprema argentina en el precedente Fontevecchia, según la cual los pronunciamientos de organismos internacionales no tienen carácter obligatorio para el máximo tribunal.
“Sostengo que las decisiones del Comité son vinculantes. Es la última instancia a la que acude una persona que considera que se le han violado derechos humanos ante un órgano creado por un tratado que el Estado ha ratificado voluntaria y soberanamente. El Estado no puede decir luego de todo eso que la decisión no es vinculante”, afirmó.
El jurista remarcó que la obligación de cumplir esos pronunciamientos alcanza al Estado argentino en su conjunto y no únicamente al Poder Ejecutivo.
“Los fallos de estos órganos no son en relación al Poder Ejecutivo, son en relación al Estado. Y a menos que el Poder Legislativo o el Poder Judicial consideren que no son órganos del Estado, tienen que cumplir con las decisiones. Argentina pasó un papelón enorme con el caso Fontevecchia”, sostuvo.
Consultado sobre los plazos del trámite iniciado por la expresidenta, explicó que la resolución sobre el fondo del caso puede demorar entre cuatro y cinco años. Sin embargo, aclaró que el Comité puede resolver antes una solicitud de medidas cautelares.
“Las medidas cautelares se pueden tomar mucho más rápido porque ameritan urgencia. Intentan evitar que se genere un hecho que haga que el fondo de la cuestión quede abstracto”, explicó.
Las declaraciones de Salvioli llegan pocos días después de que otro reconocido constitucionalista, Eduardo Barcesat, analizara el mismo caso y advirtiera que, por el precedente Fontevecchia, una eventual decisión favorable de la ONU podría enfrentar dificultades para ser ejecutada en la Argentina. La diferencia de criterios vuelve a poner en el centro del debate el alcance de los compromisos internacionales asumidos por el país y el rol que deberá asumir la Corte Suprema si el organismo de Naciones Unidas finalmente se pronuncia sobre la presentación de Cristina Kirchner.
