La decisión de Cristina Kirchner de acudir al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que revise la condena en la causa Vialidad abrió un nuevo frente judicial, pero también un interrogante político e institucional: ¿qué ocurriría si el organismo internacional le da la razón?
Para el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, la respuesta no es tan lineal. Durante una entrevista con La Cielo explicó que una eventual resolución favorable no implicaría automáticamente la nulidad de la condena porque la propia jurisprudencia de la Corte Suprema argentina considera que esos pronunciamientos son de cumplimiento voluntario.
“La Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir del precedente Fontevecchia, ha determinado que los pronunciamientos de los organismos jurisdiccionales internacionales son de cumplimiento voluntario para la Corte Suprema”, sostuvo.
Según explicó, allí aparece la principal dificultad jurídica del planteo internacional. “Es la propia Corte la que tendría que efectivizar la declaración de nulidad y carácter lesivo de la Convención Internacional de Derechos Humanos; esto afecta la ejecutoria de una decisión favorable”, afirmó.
El antecedente Fontevecchia y el límite de los organismos internacionales
Barcesat advirtió que existe una contradicción entre esa postura de la Corte y los compromisos internacionales asumidos por la Argentina.
“La Argentina ratificó los protocolos adicionales tanto de los pactos de la ONU como de la Convención Americana de Derechos Humanos; significa que son imperativos, pero nuestra justicia es la que le niega esa ejecutoria y obediencia”, señaló.
Por eso, aun cuando el Comité de Derechos Humanos concluyera que hubo violaciones a las garantías judiciales de Cristina Kirchner durante el proceso de la causa Vialidad, la implementación de esa decisión dependería de los propios tribunales argentinos.
En ese escenario, el impacto sería más de tipo político. “Una decisión favorable dejaría bien descolocado al espigón jurisdiccional argentino que participó de este proceso paradigma de lawfare”, sostuvo el constitucionalista.
Sin embargo, aclaró que muchas resoluciones de Naciones Unidas “no tienen consecuencias directas para los Estados”, por lo que un eventual incumplimiento no acarrea sanciones automáticas.
La amnistía, la alternativa que propone Barcesat
Más allá de la vía internacional, Barcesat planteó una salida que considera jurídicamente más sólida: una ley de amnistía aprobada por el Congreso, posibilidad que ya fue deslizada por el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto.
“Lo que correspondería es que en la sede nacional se dicte una amnistía, que está entre las potestades del Congreso de la Nación”, afirmó.
A diferencia de una resolución del Comité de Derechos Humanos, el jurista entiende que una amnistía tendría efectos inmediatos sobre la condena. “Frente a la cual entiendo la Corte Suprema tendría que dar un paso al costado”, aseguró.
Para Barcesat, no se trata únicamente de una decisión política. “No es una solución solamente política; es de un gran contenido de cumplimiento del deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional”, argumentó.
El constitucionalista sostuvo que esa herramienta permitiría dejar sin efecto la inhabilitación perpetua que pesa sobre la expresidenta. “Quedaría habilitada ella para participar, si esa es su voluntad, en el proceso electoral venidero”, afirmó.
Un debate que trasciende el caso Cristina Kirchner
La posición de Barcesat reabre una discusión más amplia sobre la relación entre el derecho interno y los compromisos internacionales asumidos por la Argentina.
Mientras la estrategia de Cristina Kirchner busca que Naciones Unidas declare que durante la causa Vialidad se vulneraron garantías fundamentales, el constitucionalista advierte que el verdadero desafío no será obtener una resolución favorable, sino lograr que tenga efectos concretos dentro del sistema judicial argentino.
Y, en ese punto, considera que el Congreso podría tener un papel más decisivo que los propios organismos internacionales si avanzara con una ley de amnistía, una alternativa que hasta ahora que también empieza a asomar en el debate político.
