El Senado convirtió en ley este jueves la segunda versión de Inocencia Fiscal, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei que busca facilitar el ingreso al circuito formal de los dólares que permanecen fuera del sistema financiero. El proyecto fue aprobado por 44 votos a favor y 23 en contra, con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y distintos bloques provinciales.
La norma modifica el régimen simplificado del impuesto a las Ganancias y elimina los límites de ingresos y patrimonio que regían para acceder a ese esquema. Hasta ahora, quedaban excluidos quienes hubieran superado ingresos por $1.000 millones o un patrimonio de $10.000 millones en alguno de los últimos tres años.
Otro de los cambios está vinculado con los controles de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La ley redefine el concepto de “discrepancia significativa” entre la información declarada por un contribuyente y los datos que posee el organismo, con el objetivo de evitar que diferencias menores deriven automáticamente en fiscalizaciones.
A su vez, el texto establece restricciones para funcionarios públicos. Quienes ocupen o hayan ocupado determinados cargos durante los cinco años previos no podrán acceder a los beneficios del régimen simplificado, una modificación que había sido incorporada durante el tratamiento en Diputados.
Los cruces en el Senado
Durante el debate, la oficialista Patricia Bullrich defendió la iniciativa y sostuvo que durante años las restricciones cambiarias, la inflación y las regulaciones llevaron a los argentinos a mantener sus ahorros fuera del sistema financiero. En ese sentido, planteó que la reforma busca recuperar la confianza de los contribuyentes y facilitar el regreso de esos fondos al circuito formal.
Desde el peronismo, el jefe del bloque Justicialista, José Mayans, cuestionó duramente el proyecto y sostuvo que se trata de una nueva forma de blanqueo. “Nuestro bloque va a votar en contra porque esta ley se engancha con el programa económico que afecta a los trabajadores, jubilados y pensionados”, argumentó durante la sesión.
También el senador Fernando Salino planteó ampliar las restricciones para que no alcancen solamente a funcionarios, jueces y legisladores, sino también a personas políticamente expuestas y sus familiares. La propuesta no fue incorporada y el oficialismo mantuvo el texto que había llegado desde Diputados.
Por su parte, el senador libertario Bruno Olivera, miembro informante del proyecto, presentó la reforma como un cambio en la relación entre el Estado y los contribuyentes. “Este proyecto trata la confianza”, sostuvo, y cuestionó que durante años quienes pagan impuestos hayan sido considerados “sospechosos de por vida”.
Con la aprobación en la Cámara alta, Inocencia Fiscal II quedó convertida en ley y se transformó en una de las iniciativas económicas centrales que el Gobierno logró sacar adelante con el acompañamiento de sus aliados legislativos.
