Entre el estruendo de los debates legislativos y la angustia cotidiana de quienes sostienen la atención de personas con discapacidad, la crisis del sector ha alcanzado un punto de quiebre. Tras exponer en la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional donde se debatía el proyecto para el año entrante, Gilda Marcela Kriskovic, presidenta de la Asociación de Prestadores de Discapacidad Unidos, resumió en el programa “palabras más, palabras menos” de LA CIELO FM 103.5, que “la situación que atraviesa el sector es totalmente crítica y caótica”.
La asfixia del calendario y las libretas del almacenero
Para los prestadores de todo el país, la estabilidad económica se ha vuelto insostenible. Las demoras en los pagos por parte de las obras sociales provocan que los cobros se desplacen durante meses, llegando a registrarse deudas de más de 120 días en programas como Incluir Salud en el interior del país.
La cotidianeidad de los profesionales se ha transformado en un ejercicio de supervivencia. Kriskovic lo describió con crudeza, “el prestador no llega ni al 10 de cada mes complica muchísimo el poder sostener la prestación y poder también sostener la familia”. Lejos de tratarse de un reclamo abstracto, la urgencia golpea directamente la mesa familiar, “nosotros no somos máquina, somos familia, tenemos también nuestra casa que llevar la comida. La mayoría, como no llegamos ni siquiera el 10 de cada mes, vivimos de fiado, con libretas del almacenero, que esa es la realidad para poder llevar la comida todos los días, y es muy triste”.
Nomenclador congelado y el fantasma del cierre masivo
La preocupación central en el debate presupuestario radica en el futuro del nomenclador universal (Ley 24.901), el instrumento legal que arancela de forma equitativa las prestaciones —desde centros de día y centros educativo terapéuticos hasta servicios de fonoaudiología, psicología, terapia ocupacional y transporte— en todo el territorio nacional. La intención de desregular el sistema y trasladar el financiamiento a cada jurisdicción u obra social abre la puerta a una fragmentación severa.
A este panorama se suma el desfasaje arancelario frente a la inflación. Kriskovic denunció que la actualización por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) resulta engañosa tras haber atravesado un año entero con aranceles congelados, “la brecha histórica ya está por debajo del valor. Yo no recupero la brecha histórica”.
Esta asfixia financiera pone en riesgo la continuidad de las instituciones. Kriskovic compartió su propia experiencia al frente de un Centro Educativo Terapéutico que atiende a 50 niños y emplea a 15 profesionales, “yo no puedo pagar el alquiler, yo no me puedo acarrear más deuda, entonces lo tengo que cerrar”. La vulnerabilidad llega al punto de rozar el corte de servicios básicos, “estamos endeudados. Yo tengo deuda con el banco y todavía hoy me estaban por cortar el agua, no sé cómo me apareció una plata de un paciente y pude mandarle a mi hijo para que pague”. La dirigente remarcó el sentido de dignidad de su reclamo, “soy profesional, o sea, yo no estoy pidiendo que a mí me regalen ni que me hagan un subsidio; pagarme lo que trabajé”.
En el diálogo con las obras sociales, las respuestas suelen reflejar desamparo. Kriskovic relató la contestación recibida por parte de la obra social textil ante la imposibilidad de tramitar facturas a la Superintendencia, “con suerte vas a cobrar el año que viene. Así que ya depende de ustedes si le dan la prestación o no al padre”.
La crueldad del discurso y la indiferencia en las bancadas
Frente a la narrativa oficialista que busca justificar los recortes o demoras bajo el argumento de irregularidades en los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD), la titular del gremio expresó su agotamiento, “eso a mí la verdad que ya me pudre escuchar por parte del gobierno. Nadie quiere tener un hijo que tenga algún tipo de condición. Estos son crueles”.
El paso por el Congreso entregó dos postales opuestas. Por un lado, Kriskovic destacó la recepción y comprensión de diversos legisladores de la oposición. Por el otro, revivió con amargura el trato recibido por representantes de La Libertad Avanza mientras ella exponía el drama del sector, “me dolió muchísimo el lado de La Libertad, que estaban comiendo bizcochito, que no escuchaban, miraban el celular porque yo lo tenía atrás mío a ellos y eso me dolió muchísimo en la falta de respeto porque somos nosotros quienes les pagamos el sueldo”. Asimismo, remarcó la distancia de las legisladoras de su propia provincia, “las dos diputadas por Corrientes ni siquiera se levantaron a venir y decirme ‘bueno, te voy a llamar’, una indiferencia total”.


