Aunque dejó la Jefatura de Gabinete hace casi tres meses, Manuel Adorni todavía mantiene algunos de los beneficios vinculados a su paso por el Gobierno: continúa trasladándose en una camioneta oficial y cuenta con custodia de las fuerzas federales.
Según reveló La Nación, el exfuncionario utiliza una Toyota SW4 modelo 2022 que pertenece al Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur) y que había sido cedida a la Jefatura de Gabinete para el traslado del titular de esa dependencia y su comitiva. El vehículo permaneció bajo la órbita de la Jefatura incluso después de la salida de Adorni, el 27 de junio, aunque su sucesor, Diego Santilli, no lo utilizó.
La camioneta, además, acumula numerosas infracciones de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia. Muchas corresponden a excesos de velocidad y varias fueron registradas después de que Adorni dejara su cargo. En los registros porteños llegaron a figurar 144 multas por unos $61 millones, aunque posteriormente ese listado dejó de aparecer y solo quedaron asentadas nuevas infracciones. En Provincia, en tanto, permanecen multas por más de $1 millón posteriores a su salida del Gobierno.
Desde el Inprotur señalaron que los gastos vinculados al vehículo corren por cuenta de la Jefatura de Gabinete. La dependencia también sostuvo que la camioneta continúa formalmente bajo su órbita y que su utilización queda bajo la administración de esa jurisdicción.
A esto se suma la custodia oficial. Desde el Ministerio de Seguridad explicaron que los funcionarios y exfuncionarios de alto rango pueden mantener protección durante seis meses, en función de una evaluación de riesgo. En el caso de Adorni, esa custodia se había mantenido luego de su salida del Gobierno por presuntas amenazas que había denunciado públicamente.
El dato cobra especial relevancia porque Adorni dejó de ocupar el cargo que justificaba originalmente el uso del vehículo y, sin embargo, continúa trasladándose en él. Mientras tanto, el exjefe de Gabinete atraviesa además una instancia clave en la causa judicial que investiga su evolución patrimonial, en la que debe presentar explicaciones ante la Justicia sobre distintas inconsistencias detectadas en sus bienes y movimientos económicos.
