La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni dio un nuevo paso que podría resultar determinante para el avance de la causa. A horas del inicio de la feria judicial de invierno, el fiscal federal Gerardo Pollicita recibió el informe elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI), un documento técnico que detectó inconsistencias en la evolución patrimonial del ex funcionario y de su esposa, Bettina Angeletti.
Si bien el contenido completo del informe permanece bajo reserva, fuentes vinculadas al expediente señalaron que sus conclusiones no son favorables para Adorni. Con esa pieza incorporada, la fiscalía considera prácticamente concluida la primera etapa de la investigación y ya trabaja en el requerimiento formal mediante el cual le solicitará que justifique el origen de su patrimonio.
La presentación de ese requerimiento quedó postergada por la feria judicial, que se extenderá entre el 20 y el 31 de julio. Una vez retomada la actividad, el 3 de agosto, Pollicita analizará en profundidad el informe y, de no surgir nuevas medidas urgentes, avanzará con la intimación para que el ex funcionario explique las inconsistencias detectadas. Si las respuestas no resultan satisfactorias, el siguiente paso sería solicitar al juez Ariel Lijo que lo cite a prestar declaración indagatoria.
Un informe clave para la causa
La DAFI fue convocada para reconstruir de manera integral la evolución patrimonial y financiera de Adorni y Angeletti desde diciembre de 2023, cuando el ex vocero presidencial ingresó al Gobierno de Javier Milei. El análisis abarcó bienes, ingresos, egresos, inversiones, deudas, créditos, movimientos bancarios y operaciones con criptomonedas, además de comparar toda esa información con las declaraciones juradas, registros fiscales y antecedentes patrimoniales incorporados al expediente.
El organismo también examinó depósitos, transferencias, préstamos, ventas de activos, conversiones de moneda y operaciones realizadas en plataformas de activos virtuales como Binance y Lemon Cash, con el objetivo de reconstruir el circuito del dinero y verificar si los ingresos declarados alcanzaban para justificar el nivel de gastos e inversiones registrados durante el período investigado.
Aunque el informe no establece montos concretos ni formula acusaciones penales, sí señala inconsistencias que ahora deberán ser evaluadas por la fiscalía para determinar si existe un incremento patrimonial injustificado.
Las pruebas acumuladas
La causa reúne además una importante cantidad de elementos incorporados durante los últimos meses. Entre ellos figuran gastos que superarían los 400 mil dólares, deudas por alrededor de 335 mil dólares, consumos con tarjetas de crédito propias y también con plásticos pertenecientes a funcionarios y colaboradores del área de Comunicación, viajes al exterior, adquisiciones de alto valor y pagos en efectivo.
Uno de los testimonios centrales fue el del contratista Matías Tabar, quien declaró haber cobrado en efectivo por las refacciones realizadas en la vivienda de Adorni en el country Indio Cuá. A ello se suman documentación secuestrada durante la investigación, respuestas de plataformas de criptomonedas y distintos informes financieros que alimentaron la hipótesis de que el ex funcionario llevó adelante un nivel de gastos muy superior al que podía justificar con sus ingresos conocidos.
Hasta el momento, Adorni sostuvo públicamente que el origen de su patrimonio responde a ahorros no declarados acumulados antes de ingresar a la función pública, ganancias obtenidas por inversiones en Bitcoin iniciadas en 2012 y dinero heredado. Sin embargo, será la primera vez que deba brindar esas explicaciones en sede judicial.
La causa continúa bajo la órbita del fiscal Gerardo Pollicita y del juez federal Ariel Lijo. El análisis del informe de la DAFI durante la feria judicial será determinante para definir los próximos pasos de un expediente que, tras la renuncia de Adorni al Gobierno, ingresará en una etapa clave.
