Cansados de vivir fumigados, los y las vecinas del barrio “La Porteña” aprovecharon la visita del intendente de Tandil, Miguel Lunghi, para interpelarlo respecto a una medida cautelar que ordenó un juez el octubre del año pasado, suspendiendo provisoriamente las pulverizaciones.
Las respuestas del intendente fueron, por lo menos, evasivas y –según los testigos de la charla- “demostró muy poco conocimiento sobre el tema”, pese a tratarse de una persona que proviene del mundo de la salud.
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Todo ocurrió en la Escuela Nº 33 del paraje “La Porteña”, luego de que Lunghi se acercara a la institución educativa en el marco del inicio del ciclo lectivo. Allí, miembros de la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable Tandil, lo esperaron con una pancarta que rezaba “Basta de fumigar” y aprovecharon para hablar con el intendente.
Sucede que en octubre del año pasado, el juez Francisco Augusto Blanc, del Juzgado en lo Civil y Comercial 2 de Azul, determinó que mientras la localidad no contara con una ordenanza acorde que regulara el uso de las fumigaciones, el municipio debía llamar a una mesa intersectorial para abordar el tema y provisoriamente se suspenderían las fumigaciones por vía aérea desde 2 mil metros de exclusión y las fumigaciones terrestres, con 500 metros de exclusión.
El juez lo había determinado por la cantidad de denuncias que nacían al calor de las fumigaciones registradas a escasos metros de las viviendas de localidades rurales que habitan en el Partido de Tandil. Pero también, por un estudio encabezado por la Universidad de esa ciudad, en la que se pudieron registrar más de 16 tipos de agroquímicos en los patios de las escuelas rurales (suelo y agua).
En diálogo con El ECO, Silvia Gómez, integrante de la agrupación ambientalista, explicó que en el encuentro, el intendente Lunghi dio respuestas evasivas y demostró un desconocimiento en el tema. De hecho, llegó a asegurar que todavía no había evidencia científica que determinara que el uso de agroquímicos enferma a la sociedad.
“El Intendente nos dijo que ‘los de arriba lo están estudiando’ y que él no tiene nada que ver. Hicimos mucho ruido desde nuestro lugar para que el tema se trate con seriedad, pero lo que intenta es que no se cumpla con la medida. Vamos a pedir una prórroga de la cautelar porque en abril se vence”, sostuvo la mujer.
“El juez por algo tomó la decisión. Nosotros presentamos estudios y evidencia científica que develan un daño genético en niños. Le preguntamos por la contaminación de los suelos y el agua, le hablamos del estudio de la Unicen realizado en 15 escuelas donde se hallaron 16 tipos de agroquímicos en el suelo y el agua, y dijo desconocerlo. Eso es rarísimo porque fue muy difundido”, agregó Gómez.
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