El concejal platense Darío Ganduglia solicitó que se reactiven las garitas de seguridad instaladas en distintas plazas de la ciudad, muchas de las cuales, según denunció, “se encuentran abandonadas y sin personal”.
Ganduglia, quien fue secretario de Seguridad durante la gestión del ex intendente Julio Garro, cuestionó el estado actual de estos puestos, señalando que fueron instalados con el objetivo de “acercar la seguridad a la vida cotidiana de los platenses”, y no limitarla a “un patrullaje esporádico”. Según el edil, “la mayoría de las casetas contaban con tecnología, comunicación directa y personal capacitado”, y representaban un modelo de seguridad preventiva que hoy está siendo desatendido.
En su presentación, el edil argumento que la decisión de instalar estas garitas, respondía a un enfoque más “integral” de la seguridad, urbana, y que buscaba una “presencia permanente y articulación con los vecinos”.
Mientras la actual gestión de Julio Alak evalúa el funcionamiento del sistema de seguridad urbana heredado de Garro, en la que Ganduglia ocupó un rol estratégico, la discusión sobre las ‘garitas’ y la decisión de ir evaluando su reactivación vuelve a exponer las tensiones entre las gestiones pasada y presente. Por estas horas, trascendió, mientras confronta con la gestión municipal, el concejal mantiene otro frente abierto con un ex compañero de la administración anterior, por una disputa en torno a una propiedad.
Un concejal con un polémico pasado en la gestión de Seguridad
La figura de Ganduglia quedó profundamente cuestionada por su rol durante el operativo del 1º de enero de 2021, cuando la entonces diputada provincial Carolina Píparo y su esposo, Juan Ignacio Buzali, atropellaron y arrastraron a dos jóvenes que circulaban en moto, alegando haberlos confundido con delincuentes.
Esa madrugada, se lo vio al propio Ganduglia participando del operativo en Plaza Moreno, donde finalmente la pareja detuvo la marcha. Diversas versiones aseguraron entonces que su presencia habría sido clave para evitar la realización de controles de alcoholemia, una omisión grave teniendo en cuenta el horario del incidente y el contexto: el hecho ocurrió tras la cena de fin de año.
Uno de los inspectores que intervino en el procedimiento declaró ante la Justicia que Píparo “parecía estar alcoholizada”, mientras que un efectivo policial señaló que tanto ella como su esposo “daban muestras de estar bajo los efectos del alcohol”. A pesar de ello, no se realizaron las pruebas correspondientes en el momento. En funcionario que estaba a cargo del operativo, era el propio Ganduglia. En ese momento, desde la oposición municipal calificaron el accionar del entonces Secretario de Seguridad de “gravedad institucional, no sólo por su presencia en el lugar del hecho, sino por la presunta intervención para impedir que se cumplieran los protocolos habituales en un siniestro vial de esas características.
