En noviembre de 2024, la diputada de la Izquierda Laura Cano Kelly ingresó en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para la creación de un Plan de Emergencia contra la Violencia hacia las Mujeres. La propuesta quedó sin tratamiento, pero tras el triple femicidio registrado el último fin de semana, la legisladora volvió a exigir que se apruebe de manera urgente.
El proyecto establece en su Artículo 1° la creación del Plan bajo la órbita del Estado provincial y sus organismos competentes. A su vez, en el Artículo 2° define la violencia de género en línea con la Ley Nacional 26.485, como cualquier acción u omisión que, en una relación desigual de poder, afecte la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la participación política o la seguridad personal de las mujeres.
En este marco, Cano Kelly sostuvo en dialogo con INFOCIELO que “Estamos conmocionadas frente a este triple femicidio, con bronca, pero convencidas de que hay que hacer Justicia. Y es en la calle y con organización. Javier Milei quiso eliminar la figura de femicidio del código penal y pregona la violencia de género como política de Estado. Además, desmanteló todos los programas de asistencia a las víctimas”.
RÉGIMEN DE ASIGNACIONES Y MEDIDAS ECONÓMICAS
Una de las propuestas centrales del proyecto es la creación de un Régimen de Asignaciones a las Víctimas de Violencia de Género. Según el Artículo 5°, este régimen establece una prestación monetaria no retributiva mensual equivalente al costo de la canasta familiar. Incluye además aportes a la previsión social y cobertura de obra social gratuita para las víctimas y las personas a su cargo.
El beneficio se mantendrá durante el tiempo en que las víctimas no puedan regresar a sus domicilios o hasta lograr una inserción laboral con un salario equivalente a la canasta familiar. La responsabilidad de garantizar el acceso a esas fuentes de empleo recaerá en el Estado provincial.
En los fundamentos del proyecto, Cano Kelly remarca la necesidad de políticas que protejan a las mujeres pobres, principales afectadas por la violencia de género. “Otros sectores que se dicen progresistas nos decían a las feministas que nos pasamos tres pueblos, que la violencia de género no era un problema de las mayorías populares. Sabemos que sí, y quienes peor la pasan son las mujeres pobres”, expresó la diputada.
REFUGIOS Y PLAN DE VIVIENDAS DIGNAS
Otro eje central del proyecto es la creación de casas refugio, hogares transitorios y un plan de viviendas dignas para las víctimas de violencia de género. Según el Artículo 6°, cuando la víctima no cuente con vivienda segura o su permanencia en ella implique un riesgo, el Estado deberá garantizar acceso inmediato a un refugio o a una vivienda digna, sin necesidad de denuncia previa.
La iniciativa fija que en un plazo máximo de un año deberán crearse casas refugio en un número no menor a una por cada 20.000 habitantes. Asimismo, establece que las mujeres y personas a cargo tendrán derecho a ser alojadas en hogares transitorios mientras se les otorga una vivienda definitiva, con infraestructura adecuada y condiciones de independencia.
El Artículo 8° prevé que el financiamiento de estas políticas estará a cargo del Estado provincial, que además deberá garantizar la presencia de equipos interdisciplinarios completos y con salarios equivalentes a la canasta básica familiar.
LICENCIAS LABORALES Y PROTECCIÓN EN EL EMPLEO
El proyecto también incorpora un capítulo específico para garantizar licencias laborales con goce de haberes a las mujeres trabajadoras víctimas de violencia de género y a quienes tengan familiares a cargo en esa situación. Esta medida alcanza a trabajadoras de todos los ámbitos, estatales o privados, bajo cualquier forma de contratación, incluso en condiciones no registradas.
Los plazos de las licencias serán definidos por los equipos interdisciplinarios de atención y asistencia, sin necesidad de denuncia previa, y deberán respetar la voluntad de la víctima. Durante el período de licencia, las beneficiarias percibirán la totalidad de su salario, nunca inferior al costo de la canasta básica familiar ni al salario de sus compañeros varones.
El Artículo 12° establece la prohibición de despidos o modificaciones en las condiciones laborales de las trabajadoras que se amparen en esta ley. Dichas medidas serán consideradas discriminatorias, en línea con lo dispuesto por la Ley 23.592.
EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS Y CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN
El proyecto crea equipos interdisciplinarios de prevención, atención y asistencia, conformados por psicólogos, médicos, abogados, trabajadores sociales y otros profesionales. Estos equipos deberán brindar atención integral a las víctimas y elaborar informes periódicos que contribuyan a la generación de estadísticas nacionales sobre violencia de género.
También se prevé que el Estado, en un plazo no mayor a siete días tras la sanción de la ley, impulse campañas masivas de difusión en medios gráficos, radiales, televisivos y en instituciones educativas y de salud, con el objetivo de informar sobre el Plan Provincial de Emergencia contra la Violencia hacia las Mujeres.
“Este triple femicidio muestra además la connivencia de sectores del Estado con las bandas narco, con la policía. Decimos basta, basta de culpabilizar a las víctimas. Por eso la generación de trabajo genuino, la plena aplicación del cupo laboral travesti trans y el tratamiento de una ley de emergencia en violencia de género se vuelve imprescindible”, cerró la diputada Cano Kelly.
