El rescate de un perro salchicha en el barrio Mondongo de La Plata, no habría pasado de ser una noticia policial menor si no fuera por un detalle decisivo: el operativo se activó a partir de una denuncia caratulada como “maltrato infantil”.
Al llegar al domicilio, no se encontró a ningún menor en riesgo, sino a un can, presuntamente víctima de maltrato animal, que terminó siendo puesto a resguardo por personal de Zoonosis.
Ese desfasaje entre la denuncia y lo hallado en el lugar funciona como disparador de un fenómeno cada vez más frecuente: la inflación de denuncias, una práctica que busca aumentar la gravedad del hecho para forzar una respuesta policial inmediata.
En términos comparativos, se trata de una versión local, menos espectacular pero igual de reveladora, de lo que en otros países se conoce como “swatting“.
Swatting criollo: exagerar para que el Estado se mueva
El swatting es una práctica documentada en Estados Unidos y Europa que consiste en realizar denuncias falsas de extrema gravedad (secuestros, tiroteos, bombas) para provocar un despliegue policial urgente.
En Argentina, el fenómeno adopta una forma más cotidiana y menos violenta, pero comparte la misma lógica: si no se exagera, no hay respuesta.
Desde llamados al 911 hasta denuncias en fiscalías bonaerenses, muchos ciudadanos aprendieron que describir un hecho tal como ocurrió suele derivar en demoras, derivaciones o directamente en la inacción.
En cambio, encuadrarlo bajo una figura más grave como riesgo vital, violencia extrema o presencia de menores, les garantiza que el sistema se active.
El caso del “salchicha” de La Plata encaja de lleno en esa lógica. La carátula de maltrato infantil no parece responder a la existencia real de una víctima menor, sino a la necesidad de habilitar una orden de registro rápida y asegurar la intervención policial inmediata.
El objetivo no habría sido falsear la realidad, sino evitar que la urgencia quede atrapada en la burocracia.
Antecedentes de denuncias infladas y “sobreactuación”
El uso estratégico de denuncias no se limita al maltrato animal. En distintas ciudades argentinas se registraron miles de llamados al 911 por situaciones que luego no constituían emergencias reales, obligando a desplegar recursos policiales que podrían haberse destinado a hechos más graves.
En el plano judicial, también abundan las causas iniciadas bajo carátulas severas que luego se desarman al comprobarse que los hechos no coincidían con la denuncia original.
Esto no convierte automáticamente a los denunciantes en mentirosos: muchas veces se trata de personas que perciben que decir menos es sinónimo de no ser atendido.
El problema es estructural. Un sistema que jerarquiza riesgos para funcionar termina generando un incentivo perverso. La necesidad (?) de sobreactuar el peligro para ingresar en el radar estatal.
Un guiño cultural y una frontera cada vez más borrosa
En el episodio del barrio Mondongo queda flotando, además, una lectura simbólica. En una época donde incluso el presidente Javier Milei se refiere públicamente a sus perros como “hijos de cuatro patas”, la frontera discursiva entre maltrato animal y maltrato infantil parece desdibujarse en el imaginario social.
No hay pruebas de que esa concepción haya influido directamente en la denuncia, pero el solo hecho de que la asociación resulte verosímil dice mucho sobre el clima cultural.
El rescate del perro tuvo un final positivo, pero el mecanismo que lo hizo posible deja una pregunta incómoda: ¿qué tan sano es un sistema que responde solo cuando el peligro se presenta amplificado?
Si para que la policía llegue hay que exagerar, entonces el problema no reside únicamente en quien denuncia, sino en un Estado que parece escuchar solo cuando el grito es más fuerte que la realidad. Una costumbre más argentina, incluso, que no respetar las sendas peatonales.
