Un reciente informe de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) volvió a encender las alarmas sobre el impacto del deterioro económico incluso entre quienes tienen empleo. Según el relevamiento, en el promedio de los últimos tres años, el 19,6% de los adultos ocupados del país atraviesa algún nivel de inseguridad alimentaria, lo que significa que casi uno de cada cinco trabajadores sufrió restricciones en la cantidad o calidad de alimentos por falta de recursos económicos.
La estadística muestra que, aunque la mayor vulnerabilidad se registra entre trabajadores informales y cuentapropistas, la problemática también afecta a quienes tienen un empleo bajo relación de dependencia. Incluso dentro de ese grupo, considerando únicamente a asalariados registrados, excluyendo el servicio doméstico, la incidencia promedio de la inseguridad alimentaria alcanza al 7,4%, una cifra que, aunque menor que la del total de ocupados, refleja una realidad persistente pese a contar con aportes y estabilidad formal.
Un problema que afecta a los hogares, no solo a los trabajadores
El estudio detalla que la medición surge de un sistema de puntaje basado en respuestas sobre experiencias vinculadas a la alimentación en los últimos doce meses. Se pregunta, por ejemplo, si adultos o niños en el hogar debieron reducir porciones de comida o si padecieron episodios de hambre debido a la falta de dinero. También se indaga la frecuencia con que esa sensación se manifestó, lo que permite diferenciar entre inseguridad alimentaria moderada o severa.
Estas preguntas no solo permiten evaluar la situación individual del trabajador, sino también la de su núcleo familiar. El informe remarca que la vulnerabilidad detectada se extiende a los convivientes de la persona ocupada, evidenciando que el acceso a una alimentación adecuada depende del ingreso total del hogar más que del hecho aislado de tener empleo. En la población ocupada, el 8,1% se encuentra en situación severa y el 11,5% enfrenta dificultades moderadas.
El relevamiento también aporta una lectura etaria del fenómeno entre trabajadores formales: el grupo más afectado es el de personas de 35 a 54 años, en el que el 17,1% experimentó inseguridad alimentaria, mientras que entre quienes cuentan con aportes previsionales esa proporción fue del 8,9%. Según los investigadores, esto se explica por la mayor presión económica que suele enfrentar este segmento, asociado a responsabilidades familiares y a la necesidad de sostener mayores gastos del hogar.
Otro aspecto que se desprende del análisis es la persistente brecha de género en el acceso a una alimentación adecuada dentro del mercado laboral formal. Si bien entre los asalariados en general las diferencias entre varones y mujeres no resultan estadísticamente significativas, la distancia se amplía cuando se observan únicamente trabajadores registrados: la inseguridad alimentaria afecta al 6,6% de los varones con aportes y al 8,5% de las mujeres.
El estudio se realizó en centros urbanos del país con más de 80.000 habitantes e incluyó 2894 personas encuestadas en el último año. Para los especialistas, estos datos reflejan que la problemática del trabajador pobre continúa consolidándose como una característica estructural del mercado laboral argentino y subrayan la necesidad de políticas que no solo impulsen el empleo, sino que garanticen ingresos reales suficientes para acceder a una alimentación digna.
